Tenían una meta precisa, frente a las palabras vaporosas que a veces se desvanecen en la realidad. A finales del pasado noviembre, Verdemar-Ecologistas en Acción remitió al comisario de Medio Ambiente, Océanos y Pesca de la Unión Europea (UE), Virginijus Sinkevicius, un escrito en el que se denunciaba el «incumplimiento» de la normativa que regula los usos y las actividades autorizadas para la Zona de Especial Conservación (ZEC) rotulada como «Estrecho Oriental».

«Buques petroleros, butaneros y cargueros fondean continuamente en la ‘cara este’ de Gibraltar», lo que podría vulnerar «el artículo 5 que regula la navegación en esa zona de relevancia del espacio protegido», le avisaba el presidente de la organización «verde», Antonio Muñoz. Unos hechos, añadía, de los que han alertado al «Reino de España en varias ocasiones».

Muñoz trasladó a Bruselas que esas naves «aprovechan el ‘limbo’ en el que se encuentra este espacio de la Red Natura 2000, para trasegar combustible desde Tanger Med –complejo portuario– al ZEC del ‘Estrecho Oriental’» y le recordó que éste fue propuesto por España en mayo de 2007 y aprobado por la propia Comisión Europea el «12 de diciembre de 2008». Sin embargo, «los valores por los que protegen estos tipos de hábitats naturales y especies de interés comunitario, se ponen en riesgo» por las actividades que colocaron en el punto de mira.

En el escrito, al que tuvo acceso LA RAZÓN , se explicaba además que en 2006 el Reino Unido planteó, a su vez, el que se reconocieran dos áreas ligadas al Peñón, «Rock of Gibraltar» y «Southern waters of Gibraltar», una terrestre y la otra marina, que también lograron el visto bueno de Bruselas. Y ahora, «la superposición» de las zonas preservadas de España y del Reino Unido, «genera una controversia sobre la soberanía de las aguas». «En virtud del Tratado de Utrecht», expusieron, la primera cedió al segundo «la plaza y peñón de Gibraltar», pero «en la enumeración del territorio» traspasado al Reino Unido, «tan sólo se habla de las ‘aguas del puerto’, sin que se incluya una cesión de las adyacentes al Peñón, que pudiesen identificarse bajo la categoría de mar territorial», defendieron desde Verdemar. Por tanto, las aguas que rodean la Roca están «sometidas a soberanía y jurisdicción española, a excepción de las del puerto de Gibraltar, tal y como fueron cedidas en su día».

En ese contexto, Verdemar hizo saber al comisario de Medio Ambiente que el Reino Unido usa esa cuestión para «incumplir normativas ambientales» y permite en esas aguas el trasiego de «combustibles fósiles», pese a que dentro de los ZEC «se prohíbe el fondeo permanente de buques tanque dedicados al suministro» de éstos, entre otras cuestiones.

Los ecologistas ya tienen respuesta de Bruselas. En otro escrito, consultado también por este periódico, desde la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea, han informado a Muñoz de que están «analizando» los hechos que les relataron y de que confían en poder contestarles con detalle «en el curso del mes de enero próximo». Van a investigar el posible salto de la normativa emanada desde la Unión, que en ocasiones produce la ilusión de que las causas comunes existen. Piden incluso «disculpas» a los conservacionistas por el «retraso» en atender su aviso. Su presidente espera que se mueva ficha «de una vez».