Adelante eleva al Constitucional la convocatoria de la Diputación Permanente del Parlamento regional

En la dirección contraria a la que se debería ir. Así llegaron a la conclusión los miembros del Grupo Parlamentario de Adelante Andalucía que se estaba yendo en la Cámara regional, según ha explicado hoy su portavoz adjunta, Ángela Aguilera, por lo que han presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (TC) al entender que se ha producido “una vulneración de derechos fundamentales” ligada a la resolución de la presidenta del Parlamento regional, Marta Bosquet (Cs), con la que se activó la Diputación Permanente el pasado 18 de marzo durante el Estado de alarma.

El recurso, en el que se cuestiona la legalidad de dicha resolución, ha sido elaborado por los profesores de Derecho Constitucional, Joaquín Urías y Esperanza Gómez. El primero ha explicado que han dado el paso para “denunciar que en el Parlamento de Andalucía se ha intentado cortar las posibilidades de control al Gobierno -autonómico de PP y Cs- durante una crisis en la que lo que hace falta es incrementarlas”.

Acusan a la presidenta de la Cámara de haber dictado “una resolución general, que es algo previsto para una modificación urgente del Reglamento” de la institución para incorporar a éste “un añadido que dice que, mientras dure la pandemia, el Parlamento de Andalucía no funciona”, pese a que la norma por la que se rige la Cámara es permanente. A juicio de Adelante, “eso es un disparate, que se ha hecho sin contar con las garantías del Estatuto” de Autonomía y para recortar “las posibilidades de control” de la institución.

En ese contexto de teórica poda de las capacidades de los diputados, la Diputación Permanente ha dado luz verde al decreto ley de simplificación de trabas burocráticas de la Junta, que modifica 21 leyes y seis decretos previos y que Adelante considera “nulo de pleno derecho”. Urias ha expuesto que el recurso no se ha presentado contra esa norma “básicamente porque no se puede” al tener rango de ley. Sólo tienen capacidad para impugnarlo “50 senadores o diputados y el Gobierno de la Nación”, que ya ha anunciado que lo hará, como el PSOE-A, a través de sus senadores.

En cualquier caso, el profesor de Derecho Constitucional ha defendido que, “al atacar la convocatoria de la Diputación Permanente que se hizo sin ningún tipo de garantía legal" buscan evidenciar que la convalidación del decreto ley impulsado por el Ejecutivo autonómico es “contraria a derecho”.

Para Urias hay “dos elementos muy significativos”: uno que “cuando se sustituye el Parlamento por la Diputación Permanente de manera irregular, se dice que es porque los diputados no se pueden reunir”, pero los integrantes de la última se encuentran “de manera presencial”; y en segundo lugar, tras anunciar Adelante su recurso, Bosquet dio “marcha atrás” para “intentar que otra vez vuelva a funcionar” la Cámara “con normalidad, sin que haya cambiado la situación” por el coronavirus. “Lo que tenemos es un disparate jurídico: la presidenta decide que el Parlamento deja de funcionar y que lo haga la Diputación”, para después optar por que se recupere la normalidad “sin ningún tipo de garantía y de excusa legal”, resume el jurista.

“La decisión no se ajusta al Estatuto de Autonomía ni al Reglamento de la Cámara y da una sonora patada a todos manuales de derecho constitucional”, ha sentenciado Aguilera.