(AP). Por segundo año consecutivo, las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo no tomaron las calles para recordar a los miles de desaparecidos durante la última dictadura militar argentina. Pero su recuerdo y el reclamo de justicia por los crímenes que sufrieron estuvieron vivos de muchas formas.

Las integrantes de esos organismos humanitarios, muchas de ellas ancianas que deben guardarse a causa de la pandemia por el nuevo coronavirus, invitaron a su compatriotas a sembrar el miércoles 30.000 plantas o árboles para recordar a igual número de personas que desaparecieron a causa de la represión ilegal, durante la conmemoración del 45to aniversario del golpe militar que dio pie a la dictadura que se extendió entre 1976 y 1983, la más cruenta del Cono sur.

Las mujeres reemplazaron su tradicional movilización por las calles de Buenos Aires hasta la Plaza de Mayo -donde en 1977 comenzaron a reclamar por el paradero de sus seres queridos- por la campaña “Plantamos memoria”, a la que se sumaron usuarios de las redes sociales con la publicación de imágenes.

“Invitamos a plantar vida como un acto de memoria y futuro. Porque el recuerdo de cada compañerx detenidx desaparecidx trae consigo el legado de lucha por un país más justo y solidario”, sostuvieron las activistas que siguen reclamando justicia por el asesinato de sus seres queridos, entre disidentes políticos, estudiantes, obreros y sindicalistas.

La iniciativa se llevó a cabo en antiguos centros de detención ilegal, escuelas, sedes de gremios, parques nacionales e instituciones deportivas.

Algunos clubes de fútbol, como el popular Boca Juniors, se sumaron. Su titular Jorge Amor Ameal plantó un árbol junto a familiares de desaparecidos.

El presidente Alberto Fernández recordó a las víctimas. “Hace 45 años el terrorismo de Estado se apoderó de Argentina....Abrazo con amor y respeto a las madres, abuelas, hijos y familiares que perdieron a sus seres queridos en la tragedia. Pido castigo para quienes causaron semejante daño. #NuncaMas”, dijo en su cuenta de Twitter.

Dirigentes de derechos humanos como la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, difundieron un documento en el que pidieron al Congreso la aprobación de leyes que permitan la aceleración de las causas por delitos de lesa humanidad. Al respecto señalaron que hay en curso centenares de causas judiciales por esos delitos, pero muchos de los juzgados las “dilatan y terminan garantizando así la impunidad de muchos de los responsables”.

Asimismo reclamaron que el Congreso ponga en funcionamiento una comisión bicameral “para investigar la participación” de empresarios en la represión ilegal.

Al respecto, la vicepresidenta y exmandataria Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) se lamentó en un acto de que “las políticas de memoria, verdad y justicia castigaron a los que violaron los derechos humanos, pero a los que instigaron, apoyaron y empujaron a hacer lo que hicieron nunca les pasó nada”.

La Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad informó que a 45 años del golpe de Estado existen 626 causas en todo el país en las que se investigan los delitos del terrorismo de Estado.

Otros organismos de derechos humanos decidieron marchar en la jornada en reclamo de “cárcel a todos los genocidas sin el goce de prisiones domiciliarias”.

Por su lado, la Cancillería lanzó una campaña internacional para potenciar la búsqueda de nietas y nietos apropiados durante la dictadura que pueden estar residiendo en el exterior.

La iniciativa será desplegada a través de todas sus sedes consulares durante este año, con el fin de que las personas que tengan dudas sobre su identidad o la de otra persona puedan contactarse. Según las Abuelas de Plaza de Mayo, unos 300 hijos de desaparecidos apropiados por militares, policías y personas afines al régimen militar siguen sin conocer su verdadero origen.

Las abuelas de los chicos apropiados compartieron además algunas impresiones sobre documentos desclasificados por la agencia inteligencia del Estado que el gobierno les entregó en diciembre.

Dijeron que el material sirvió para confirmar lo que siempre imaginaban acerca del seguimientos a los familiares de las víctimas y un “registro burocrático de las actividades de denuncia”, pero no contenía información directa para conocer el destino de los desaparecidos.

Indicaron que esperan que el Estado “siga profundizando el proceso de búsqueda y desclasificación”.