Inseguridad fiscal

Lo ha señalado recientemente y cargada de razón la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf). En España, existe una falta de responsabilidad pública al adoptar normas tributarias. No son pocas las causas, pero cabría destacar dos de manera especial. Una es la forma en que el Ejecutivo se las arregla para aprobar normas relacionadas con tributos sin que pasen por el debate parlamentario.

No es que los hachazos surgidos de las cortes sean justos ni muchísimo menos, pero, como mínimo, intentan guardar las formas legales. Desde el nefasto Montoro hasta la no más feliz, Montero, ese control parlamentario se ha ido desvaneciendo de manera tal que las normas tributarias son no pocas veces de dudosa legalidad por no decir abiertamente inconstitucionales. Se aplican por el artículo 33, es decir, porque no me salen las cuentas y lo más fácil es exprimir al contribuyente. La segunda es la actuación en infinidad de ocasiones despótica y arbitraria de la Agencia tributaria. Sus reinterpretaciones de la norma –siempre en el sentido de vaciar más los bolsillos de los ciudadanos– no cuentan frecuentemente con un respaldo legal y eso explica, las cifras de nuevo son de la Aedaf, que la Agencia Tributaria pierda más del cincuenta por ciento de las causas que los contribuyentes entablan contra ella en los tribunales y nada menos que el ochenta y cuatro por ciento de aquellas en las que tiene enfrente a las CCAA. Las consecuencias de esta suma de desatinos son pavorosas.

Como también señala la Aedaf, la inseguridad jurídica es inmensa y la inversión extranjera se retrae temerosa de que el día menos pensado aparezca uno de los funcionarios de la Agencia tributaria para decirle que lo que era verde ahora es azul y, por lo tanto, tiene que pagar de manera retroactiva más intereses y sanciones. Para el incompetente ministro de Hacienda es una bendición actuar así, pero para España significa un desastre que paga en endeudamiento, en caída de la inversión y en desempleo.

Semejantes situaciones, más que documentadas por la Aedaf, obligan a pensar que la prevaricación no resulta excepcional en las actuaciones de la Agencia Tributaria. O sus inspectores son unos mentecatos – cuesta creerlo – o adoptan decisiones injustas a sabiendas porque así cubren objetivos y cobran bonus. Quizá no saldremos de esta situación hasta que algunos se sienten en el banquillo para responder de sus acciones.