Alquilar en España es llorar

Anssar Lindbeck (1930-2020) fue un economista sueco que, durante un cuarto de siglo, formó parte del comité que elige al o los galardonados con el premio Nobel de Economía. Profesor de la Universidad de Estocolmo, criticaba el uso indebido de los subsidios y advertía de que la picaresca –también existe en Suecia– es sobre todo lo que destruye el Estado del Bienestar. Además, defendía que las jubilaciones anticipadas o a edades hasta cierto punto jóvenes eran un auténtico disparate. También fue muy famoso porque escandalizaba, de forma periódica, a sus alumnos cuando les explicaba que «los controles de renta –de alquileres– parecen constituir la técnica más eficiente entre todas las conocidas para destrozar una ciudad (...) con excepción del bombardeo».

El Gobierno de Pedro Sánchez ha conseguido, en poco tiempo, hacer muy bien todo muy mal –no es un juego de palabras– lo relacionado con la vivienda y, sobre todo, con la vivienda en alquiler. El presidente, desde que llegó a la Moncloa, apoyado en sus muletas «indepes» pero sobre todo en las de Podemos primero y luego Sumar, es decir, Pablo Iglesias, Irene Montero, Ione Belarra y Yolanda Díaz, ha puesto en marcha una serie de medidas que perjudican de forma directa a inquilinos y propietarios. Mejor dicho, a quien más perjudica es a los inquilinos que intentan alquilar por primera vez o una nueva vivienda y sí, protege, hiperprotege, a los que ya disfrutan de un alquiler. Una crítica similar sufrieron los sindicatos durante años, acusados de defender a quienes tenían trabajo, pero olvidarse de los parados. Los líderes sindicales, desde el ya histórico Cándido Méndez hasta los actuales Unai Sordo y José María Álvarez, siempre lo han negado, pero esa percepción también horadó el prestigio sindical, nunca recuperado del todo.

Mariano José de Larra (1809-1837) apuntó aquello de que «escribir en Madrid es llorar», que luego se convertiría en «escribir en España es llorar». Ahora habría que decir que «alquilar en España es llorar» y los datos lo confirman. Cada vez hay menos viviendas en alquiler y los precios de las que existen están por las nubes, 1.000 euros de media en España, y 1.730 en Barcelona y 1.550 en Madrid, cifras al alcance de pocos. Además, un aspirante a alquilar una vivienda debe cumplir una serie de requisitos imposibles para una gran mayoría. Lo habitual es que le exijan que presente un contrato indefinido, al menos tres nóminas y unos ingresos hasta tres veces superiores el importe del alquiler. En el caso de que sea autónomo, en lugar de las nóminas suele tener que aportar tres declaraciones trimestrales de IVA más un histórico de sus cuentas bancarias y, con frecuencia, también la última declaración de la renta, algo que roza -cuando no rebasa- todas las normas de protección de datos. Por último, en algunos casos, también se le exige un avalista o el pago de varias mensualidades por adelantado, además de dos o tres de fianza.

Las exigencias son draconianas pero, por otra parte, tienen explicación. Los propietarios intentan protegerse ante la posibilidad,muy real, de que el inquilino no les pague y, en ese caso, no puedan echarlo de la vivienda y mucho menos si es alguien que puede estar cercano a la exclusión social, es madre soltera o circunstancias difíciles. Ante esos riesgos, unos propietarios optan por retirar sus viviendas del mercado o ponerlas en venta –si es posible con precios astronómicos– o multiplicar las exigencias a los inquilinos. Es el resultado de la política iniciada en su día en Barcelona por Ada Colau y replicada, aunque no de forma tan extrema, por el Gobierno y aplicada con más o menos rigor en cada comunidad autónoma.

Colau, de alguna manera, tuvo sus seguirodes en el anterior Gobierno de la Generalitat, presidido por Pere Aragonés, que impuso unas normas que han significado que ahora «nadie quiere invertir en alquiler en Cataluña», como explicaba hace poco, con todo detalle, Joaquín Leguina, que recordaba en «El Economista» cómo «Franco ya prohibió en los años 40 la subida de los alquileres. ¿Y qué consiguió? Pues que el mercado de alquileres practicamente desapareciera. Hay más datos, una encuesta de Asociación de Promotores de Cataluña indica que el 56% de las empresas dejaban los proyectos de viviendas en alquiler a medio plazo. También es falso que los grandes propietarios copen el mercado, ya que apenas el 5% de la vivienda en alquiler esté en manos de esos dueños o de fondos de inversión, buitres o no buitres. Hay pocas dudas de que la política de vivienda es un fracaso enorme, que no solo no soluciona uno de los grandes problemas del país, sino que los agrava y que puede contribuir a destrozar ciudades como explicaba Lindbeck.

Empleos precarios que explican la divergencia en renta por habitante

El economista socialdemócrata José Carlos Díez apunta en su último informe mensual que dos de cada tres empleos creados desde 2019 en España son de inmigrantes. Añade que «son empleos precarios» que explican por qué España se aleja de la media europea en renta por habitante. «España –añade– necesitaría un plan para volver a converger, ahora con desarrollo tecnológico y buenos empleos» (...) «pero ni el Gobierno ni la oposición tienen ese plan y por eso hay una crisis de liderazgo».

Un sistema tributario muy denso por la avalancha de normas

El sistema tributario español es «muy denso» y «peor que en el pasado», tanto si se toma como referencia un pasado más reciente -5 años- o también otro más alejado en el tiempo -20 años-. Son algunas de las conclusiones de una encuesta realizada entre 5.000 profesionales de la asesoría fiscal por Registro de Economistas Asesores Fiscales y el Instituto de Economía de Barcelona. La mayoría de los encuestados opina que la normativa es la causa principal de la complicacion del sistema fiscal.