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Trump desmantela Voice of América y varias radios históricas con más de 350 millones de oyentes

Firmó una orden ejecutiva para desmantelar siete agencias federales, que incluye la matriz de medios financiados por el Gobierno

WASHINGTON (United States), 17/03/2025.- The Voice of America headquarters building near the US Capitol in Washington, DC, USA 17 March 2025. President Trump has signed an executive order to dismantle the federal agency that oversees Voice of America who’s journalists, employees and executives were told not to come to work and that they have been put on paid leave. EFE/EPA/SHAWN THEW
President Trump has signed an executive order to dismantle the federal agency that oversees Voice of AmericaSHAWN THEWAgencia EFE

En un movimiento que ha sacudido el panorama mediático y gubernamental de Estados Unidos, el presidente Donald Trump firmó el viernes 14 de marzo de 2025 una orden ejecutiva que busca desmantelar siete agencias federales, entre ellas la Agencia de los Estados Unidos para los Medios Globales (USAGM), que supervisa Voice of America (VOA) y otros medios de comunicación financiados por el gobierno estadounidense.

La decisión, que se produce en medio de las continuas críticas de Trump a los medios de comunicación, ha provocado una ola de preocupación entre los defensores de la libertad de prensa y los expertos en política exterior. Voice of America, con más de 80 años de historia, ha sido durante mucho tiempo una voz influyente en la difusión de noticias e información a audiencias globales, especialmente en países con regímenes autoritarios. La orden ejecutiva afecta no solo a VOA, sino también a otras emisoras como Radio Free Europe/Radio Liberty, Radio Free Asia y Radio Martí. Estas organizaciones, que en conjunto alcanzan a una audiencia semanal estimada de más de 361 millones de personas en 49 idiomas, han sido fundamentales en los esfuerzos de diplomacia pública de Estados Unidos desde la Guerra Fría.

El impacto inmediato de la orden se hizo sentir el sábado 15 de marzo, cuando toda la plantilla de VOA, compuesta por más de mil trabajadores, recibió un correo electrónico informándoles que entraban en baja administrativa. Los empleados perdieron rápidamente el acceso a las aplicaciones de la empresa y a su correo electrónico, y se les negó la entrada a la sede de Washington DC. Kari Lake, asesora principal de la agencia nombrada por Trump, justificó la medida como parte de un esfuerzo por reducir gastos y asegurar que los fondos de los contribuyentes no sean "mal utilizados". En un video difundido en redes sociales, Lake mencionó planes para cancelar contratos y reducir personal, aunque evitó referirse directamente a la misión de VOA.

La Casa Blanca, por su parte, declaró que la medida "garantizará que los contribuyentes ya no sean responsables de la propaganda radical", una afirmación que ha sido fuertemente cuestionada por defensores de la libertad de prensa y expertos en política exterior. Además de la USAGM, la orden ejecutiva de Trump también afecta a otras agencias federales, incluyendo el Servicio Federal de Mediación y Conciliación, el Centro Internacional para Académicos Woodrow Wilson, el Instituto de Servicios de Museos y Bibliotecas, el Consejo Interinstitucional de EE.UU. para las Personas sin Hogar, el Fondo de Instituciones Financieras para el Desarrollo Comunitario y la Agencia de Desarrollo de Empresas Minoritarias.

La decisión de Trump ha sido criticada por muchos como un ataque a la libertad de prensa y un intento de silenciar voces críticas. Thomas Kent, expresidente y director ejecutivo de Radio Free Europe/Radio Liberty, advirtió que sin estas fuentes de noticias, será mucho más difícil para Estados Unidos transmitir su mensaje al mundo. "Sin la radiodifusión internacional, la imagen de Estados Unidos y de la Administración Trump estará en manos de otros, incluidos los opositores a la Administración, así como países y personas que ven a Estados Unidos como un enemigo", declaró Kent. El cierre de estas agencias marca un cambio significativo en la política exterior y de comunicación de Estados Unidos, poniendo fin a décadas de esfuerzos bipartidistas para promover los valores democráticos y la libertad de prensa en todo el mundo. Mientras la administración Trump defiende la medida como un paso necesario para reducir el gasto gubernamental, los críticos argumentan que debilita la influencia global de Estados Unidos y su capacidad para contrarrestar la desinformación en países con medios controlados por el estado.