Influencers bajo la lupa: lo que digan en redes ya no será gratis

El ecosistema digital está a punto de vivir un cambio crucial. El Consejo de Ministros ha dado luz verde al Anteproyecto de Ley Orgánica Reguladora del Derecho de Rectificación, una norma que no solo actualiza la regulación vigente desde 1984, sino que también pone en el punto de mira a una figura clave del panorama actual: los influencers. Con esta nueva ley, cualquier creador de contenido con más de 100.000 seguidores tendrá que rendir cuentas por lo que publique en redes sociales, al mismo nivel que los medios de comunicación tradicionales.

¿El objetivo? Garantizar que la desinformación no circule sin consecuencias, especialmente en un entorno donde los likes y las visualizaciones pueden tener más impacto que un titular en portada. Hasta ahora, la regulación del derecho de rectificación estaba pensada para prensa, radio o televisión, pero el auge de los creadores digitales ha obligado a actualizar las reglas del juego.Influencers, tomen nota: lo que digan, difundan o insinúen podría acarrearles más de un dolor de cabeza legal si afecta al honor o la reputación de otras personas.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha respaldado este anteproyecto, destacando su importancia para proteger derechos fundamentales como el honor o la información veraz. No obstante, ha sugerido incorporar un régimen sancionador, que estaría en manos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), para asegurar que no haya margen para la impunidad. Porque no basta con poder rectificar; también debe haber consecuencias si no se hace.

100.000 seguidores

Una de las novedades más sonadas es la reducción del umbral para considerar a alguien "usuario de especial relevancia". Antes, el límite estaba en uno o dos millones de seguidores. Ahora, bastará con 100.000 en una sola plataforma o 200.000 sumando varias redes. Esta bajada del listón significa que no solo los grandes influencers, sino también creadores medianos con comunidades activas, estarán sujetos a esta normativa.

Además, los procedimientos se agilizan. La nueva ley amplía de siete a diez días el plazo para solicitar una rectificación, pero el CGPJ sugiere que podría estirarse aún más, hasta tres meses, teniendo en cuenta que la información digital no desaparece tan fácilmente. También será obligatorio que los medios y plataformas ofrezcan mecanismos visibles y accesibles para ejercer este derecho, sin necesidad de contactar directamente con el responsable de la publicación, como ocurría antes.

¿Y los menores?

La ley no se olvida de los menores, proponiendo que puedan ejercer su derecho de rectificación a partir de los 16 años, un detalle relevante en un entorno donde muchos adolescentes son tanto creadores como consumidores de contenido. Además, se elimina el requisito de que la rectificación solo pueda dirigirse al director del medio, facilitando el proceso para los afectados.

Otro punto controvertido es la inclusión de juicios de valor en las rectificaciones. El anteproyecto establece que solo se permitirán si son imprescindibles para entender el contexto, un límite que el CGPJ considera demasiado estricto, ya que podría coartar la libertad de expresión en ciertos casos.

Esta reforma también busca cerrar el círculo en cuanto a la difusión de rectificaciones. Si una información errónea se viraliza, la rectificación deberá tener la misma visibilidad que la publicación original. Es decir, no bastará con un discreto aviso al pie de la página o una nota perdida entre el mar de publicaciones. Si un influencers difunde una noticia falsa en un vídeo que alcanza millones de visualizaciones, la corrección deberá tener un alcance similar, garantizando que el daño causado no quede sin reparar.

Además, para reforzar la transparencia, las plataformas digitales estarán obligadas a etiquetar claramente los contenidos rectificados, incluyendo enlaces directos tanto a la información original como a la rectificación. Esto busca evitar la desinformación residual, esa que persiste incluso después de que se haya corregido el error, y que sigue afectando la percepción pública de los hechos.

Reducir las "Fake News"

Este cambio legislativo no solo responde al crecimiento imparable de la influencers digital, sino también a la necesidad urgente de frenar la desinformación en un mundo donde una publicación viral puede tener más impacto que una noticia de portada. La ley reconoce que el poder de los creadores de contenido va acompañado de una responsabilidad social, legal y ética. Ya no será suficiente con borrar un post o publicar una disculpa genérica. Ahora, la rectificación será un derecho exigible, con obligaciones claras y consecuencias legales si no se cumple.

Por supuesto, este nuevo escenario genera debate. ¿Se está limitando la libertad de expresión o simplemente garantizando que la información tenga un mínimo de rigor? Lo cierto es que la norma no pretende censurar opiniones, sino asegurar que, cuando se difunden hechos inexactos o dañinos, exista una vía rápida y efectiva para corregirlos.

El mensaje es claro: si tienes una audiencia considerable, lo que digas importa. Y si importa, tiene consecuencias. Los influencers han pasado de ser simples creadores de contenido a convertirse en actores clave del debate público. Con esta ley, su papel se profesionaliza aún más, exigiéndoles lo que siempre se ha pedido a los grandes medios: responsabilidad, rigor y, cuando sea necesario, la obligación de rectificar.