¿Quién mató al alcalde de Polop?

Como tantos tratos entre «poderosos», dicen que todo se urdió en el reservado de un club de alterne. Entre prostitutas, cocaína y botellas de whisky, un grupo de personas decidió acabar con la vida de Alejandro Ponsoda Bou, alcalde del municipio alicantino de Polop de la Marina. Suele decirse aquello de «pueblo pequeño, infierno grande» y si bien la localidad no llega a los 5.000 habitantes, parece que Ponsoda era muy querido entre sus vecinos. Como persona y como gestor, ya que revalidó tres veces su mandato por el PP con mayoría absoluta (de 1995 a 2007). Puede que eso provocara el recelo de algunos compañeros de partido con más ansias de poder que él y menos escrúpulos. Así lo cree la Fiscalía, que considera que detrás de la muerte de Ponsoda estaba como autor intelectual, el concejal de Urbanismo, Juan Cano (y que tomó el puesto del fallecido tras su muerte), el propietario de una empresa de calzado, Salvador García (que consideraba que un nuevo vado le perjudicaba el negocio), y los dueños del propio puticlub: Pedro Jesús Hermosilla y Ariel Alberto Gatto. El Ministerio Público sostiene que estos tres individuos solicitaron a tres sicarios (un ex recluso extremeño, Raúl Montero y dos ciudadanos de origen checo: Robert Franek y Radim Rakowsk) ejecutar al primer edil de Polop. La animadversión de Cano hacia Ponsoda vendría por motivos políticos. Dicen que estaba detrás de muchos «éxitos» que se atribuían al alcalde, pero, como concejal de Urbanismo, estuvo implicado en algunos escándalos, como la supuesta exigencia de una comisión a un constructor. A Ponsoda le avisaron desde el partido de este asunto y tuvo que darle un toque, algo que habría enfurecido a Cano, que se vio relegado en las listas electorales pero que llegó arriba una vez muerto el alcalde. Tanto el fiscal como la acusación particular, ejercida por la familia del fallecido con la asistencia letrada de Vicente Guerri, pedían 25 años de prisión por asesinato con alevosía y precio, en concurso con atentado a la autoridad para los cuatro instigadores y 27 años para los tres autores materiales, al sumar un delito de tenencia ilícita de armas. Sin embargo, nada de eso ha podido ser acreditado en el juicio que se ha estado celebrando las últimas tres semanas en la Audiencia Provincial de Alicante, presidido por la magistrada Cristina Costa y por donde han pasado más de un centenar de testigos entre agentes que participaron en la investigación que llevó a cabo la Guardia Civil, vecinos del pueblo, distintos cargos del Ayuntamiento y personal del club de alterne donde se habría planeado el asesinato que ahora ha quedado sin autor.

Obra de sicarios

El jurado popular, compuesto por seis hombres y tres mujeres, se retiraron a deliberar 24 horas y el martes a mediodía absolvían a los siete acusados del asesinato de Ponsoda al considerar no probado ninguna de las 39 preguntas objeto del veredicto que atribuían la autoría de la muerte violenta a estar personas en distintos grados. Por absolver, hasta han absuelto a los supuestos sicarios del delito de tenencia ilícita de armas. Solo dos cuestiones, por obvias, se libraron de la criba del jurado: que el alcalde fue asesinado a tiros a las puertas de su casa. Alejandro Polop estaba cerca de cumplir los 55 años cuando el 19 de octubre de 2007, aparcando su Renault Laguna en su casa de Xirles (una pedanía de Polop), fue abatido por tres disparos. La Guardia Civil lo tuvo claro desde el principio: aquello había sido un asesinato por encargo. Se puso a los mandos la UCO y abrió varias líneas de investigación, que «fueron cayendo por su propio peso», según explicaba estos días un agente durante la vista oral. Durante las pesquisas, los investigadores dieron con un trabajador del Mesalina que se convirtió en testigo protegido y ahora ha tenido que cambiar de identidad, según fuentes del caso. El tipo contó la famosa reunión en el reservado del club donde se fraguó el plan y donde le propusieron hacerlo por un precio de entre 30 y 50.000 euros. Él rechazó la propuesta, según la investigación, pero identificó a los ideólogos, donde destacaba Juan Cano, apodado «El Tuerto» por su mirada estrábica. Apenas dos meses después, el plan se había ejecutado. No había cámaras, testigos ni ADN. No hay ninguna llamada de Cano a los sicarios, ni se puede probar la presencia de éstos en Xirles la noche que murió el alcalde. Ninguna prueba directa incriminaba a nadie. Era el «crimen perfecto».

Un juicio con amenazas a los testigos

De ahí, la complejidad de las acusaciones, que han basado el procedimiento (con un sumario de 42 tomos) en «prueba indiciaria», según destacaba el abogado de la víctima, Guerri, que denuncia alarmantes situaciones que se habrían producido en el juicio. «Hay testigos que han recibido llamadas para advertirles de que “cuidadito” con lo que decían», sostiene la acusación particular, que recurrirá si así lo desea la familia una vez tengan en sus manos la sentencia que ahora debe redactar la jueza. También el testigo protegido denunció en 2010 y 2016 haber sido amenazado e intentado sobornar con «un Mercedes». Guerri describe también momentos muy desagradables contra la familia del fallecido, como durante el mismo entierro de la víctima, cuando el supuesto ideólogo, Cano, quiso retirar del encima del ataúd de Ponsoda, el bastón de mando con el que pretendían enterrarle a modo de homenaje. O los gritos que tuvo que soportar una de las hijas de la víctima por parte del acusado al considerar que le estaba acusando. «No éramos nosotros, era la investigación de la Guardia Civil la que llevó hasta unos supuestos culpables», aclara. Pero ahora todo vuelve a la casilla de inicio y se tendrá que volver a investigar quién, si según la Justicia no han sido estos individuos, mató al alcalde Ponsoda.

El odio de “El Tuerto”

Juan Cano, al que muchos llaman «El Tuerto» en Polop de la Marina por sus problemas en la vista, fue el principal sospechoso de orquestar el asesinato de Alejandro Ponsoda. El testigo protegido por la Guardia Civil le sitúa en el club Mesalinas junto con los otros tres empresarios (dos del propio club y el de la zapatería) el día en el que le hicieron la propuesta de «ejecutar» al primer edil. Serían unos 50.000 euros: la mitad se pagaría por adelantado y, una vez realizado el plan, se haría pagos fraccionados de unos 900 euros. Los investigadores detectaron movimientos en las cuentas de Cano en torno a esas fechas pero nada ha servido para demostrar su culpabilidad ni la de los otros tres supuestos ideólogos. El cabecilla de los sicarios tampoco fue la noche de autos a buscar a su novia prostituta al club y la mujer declaró haberle visto nervioso estos días tras pasar la noche del crimen fuera de casa.

Los otros políticos asesinados

Los «líos de faldas» del concejal Ardines

Javier Ardines se metió en política por vocación y decidió no cobrar un duro del Ayuntamiento de Llanes. Sus valores, que le impedían tener miramientos con empresarios que incumplían la Ley de Costas, hicieron creer a muchos que su asesinato, ejecutado por dos sicarios en agosto de 2018, fuera encargado por alguno de estos damnificados. Pero nada de eso. La relación extramatrimonial con la mujer de un primo político desencadenó los celos de éste, que decidió contactar con dos argelinos que le dieron una paliza mortal a las puertas de su casa.

La emboscada de Santiago Mainar en Fago

Grima no era un alcalde muy querido en Fago, una aldea de una veintena de habitantes en Huesca y se dice que cuando murió, muchos no lo sintieron. Le prepararon una emboscada parecida a la de Ardines, por la que tuvo que bajarse del coche. En ese momento le dispararon con una escopeta de postas. Era el 12 de enero de 2007. Poco después fue arrestado Santiago Mainar, condenado a 21 años por el crimen que ejecutó «solo o en compañía de otros», según la sentencia. Se ha intentado suicidar dos veces en prisión.

Los disparos en la pasarela del río Bernesga

Tampoco el asesinato de Isabel Carrasco, presidenta de la Diputación de León, despertó la compasión de algunos, que no tuvieron escrúpulos en escribir en el puente donde fue abatida: «Aquí murió un bicho». Montserat González y Triana Martínez, madre e hija, decidieron acabar con la vida de la política en mayo de 2014 por «entorpecer» el trabajo de Triana en la Diputación. Durante el juicio se consideró probado que la policía local Raquel Gago ayudó deshacerse del arma tras el crimen. Las tres fueron condenadas.