El nuevo informe del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) deja la puerta abierta no sólo a la reapertura de la central burgalesa de Garoña, cuyo permiso de explotación cesó el 6 de julio, sino a la de cualquier otra cuyo cierre haya respondido a criterios económicos y no de seguridad. Así lo decidió el pleno del CSN, que remitió un informe favorable al proyecto de real decreto que ultima el Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Dicho decreto supone una modificación del reglamento, introduciendo la «posibilidad» de renovar una autorización cuando el cierre «haya obedecido a razones ajenas a las de seguridad nuclear o protección radiológica». En todo caso, el informe del CSN sólo tiene carácter vinculante.

Entre otros argumentos, el Consejo apoya a Industria debido a que el real decreto «clarifica que la declaración de cese de actividad supone una autorización de explotación válida hasta la autorización de desmantelamiento». Además, «introduce la posibilidad de renovación tras la declaración de cese de actividad» cuando esta se haya debido, como ya se ha señalado, a motivos ajenos a la seguridad. Por otro lado, el CSN critica una «laguna»: la futura norma elimina la necesidad de que, un mes antes de que caduque la autorización, el Consejo deba pronunciarse sobre el permiso.

De esta forma, y si finalmente Industria aprueba el real decreto, Nuclenor, participada por Endesa e Iberdrola y popietaria de la central de Garoña, puede solicitar una nueva autorización para su reapertura. Sin embargo, fuentes de Nuclenor aseguran a este diario que todavía no hay una decisión tomada al respecto, pues se está «a la espera de que las condiciones sean favorables para solicitar la renovación».

Nuevas medidas

Dichas condiciones responden principalmente a dos cuestiones derivadas de la ley de medidas fiscales para la sostenibilidad energética, aprobada por el Gobierno el pasado diciembre. Se trata de las tasas a los residuos nucleares que, de tener carácter retroactivo, serían difícilmente asumibles por Nuclenor –se vería obligada a abonar 153 millones de euros–; y del aumento de los impuestos a la generación eléctrica a un 7%. Dos medidas que, en principio, van a permanecer inalterables. Conviene recordar que, a 30 de septiembre de 2012, Nuclenor contaba con 147 millones de euros de fondos.

Al desembolso derivado de la nueva ley, si Nuclenor presenta una nueva solicitud tendría que acometer el programa de inversiones y modificaciones de diseño de acuerdo a las exigencias del CSN tras el desastre de Fukushima: ampliar los análisis de los márgenes sísmicos de las tuberías, reforzar la capacidad de la estructura de toma para mantener su operabilidad en caso de rotura de una tubería de agua, disponer de diversos puntos de toma para captar el agua necesaria para la refrigeración, etc.

El portavoz de la Junta y consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, aseguró que «es una muy buena noticia» que se vuelva a demostrar que la central nuclear burgalesa es segura, ya que facilitaría una posible reapertura de la infraestructura y con ella el mantenimiento de mil puestos de trabajo, «que es lo más importante».

En este sentido, De Santiago-Juárez recordó que el cierre se produjo por «un capricho político» del Gobierno de Rodríguez Zapatero y que la Junta de Castilla y León «nunca entendió», ya que el Ejecutivo autonómico siempre defendió que «mientras la central nuclear fuera segura debería seguir funcionando». Por lo tanto, este informe «es una magnífica noticia, que va en la senda de nuestra postura, que no es otra que Garoña debe reabrir sus puertas».

En esta misma línea, la diputada del PP por Burgos, Sandra Moneo, celebró el dictamen del CSN. Entre otros motivos, porque el cierre de la planta en julio de 2013 respondió a «motivos políticos».

Moneo recalcó a Ep que tanto el PP como este Gobierno «siempre» han defendido la continuidad de la central. De hecho, aseguró que, «desde el minuto primero», el jefe del Ejecutivo revocó la orden de cierre del anterior Gobierno de Zapatero. «Fue nuestro compromiso electoral y lo cumplimos», dijo.

Por contra, Greenpeace presentó ayer alegaciones al proyecto de real decreto. La responsable de la campaña nuclear de la ONG ecologista, Raquel Montón, afimó que en este proceso de modificación normativa no existe la capacidad de participar de manera libre como organización interesada.