El suicidio asistido es legal en algunos estados europeos en determinados casos, pero en la mayoría aún se persigue con penas de cárcel.

Hasta ahora solo tres pequeños países europeos contemplan en su legislación la eutanasia activa (Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo). También un reducido número de Estados permite el suicidio asistido (Suiza, Alemania, Finlandia y Austria) en ciertos casos. Mientras, en la inmensa mayoría, ambas posibilidades de acabar con la vida de un enfermo están perseguidas por la ley, si bien Suecia, Reino Unido, Italia, Hungría y Noruega permiten la eutanasia pasiva solo bajo estrictas circunstancias. En todo caso, la disparidad legislativa entre los países de la UE, así como los vacíos legales, provocan el malestar de muchos facultativos, que temen que la muerte se convierta en un negocio.

Países Bajos fue el primer país del mundo en legalizar la eutanasia activa en 2001. El Gobierno no la castiga siempre que se ajuste a los requisitos previstos por ley, y sólo a petición del paciente, no de sus familiares. Los menores también pueden estar sujetos a la eutanasia, que deben solicitar ellos mismos a partir de los doce años, aunque necesitan el consentimiento parental hasta los 16. La vecina Bélgica legalizó la eutanasia en 2002 y la extendió a los menores en 2004. Permite poner fin a la vida de los pacientes conscientes e inconscientes. En el primer caso, el solicitante debe ser mayor de edad o menor con consentimiento paterno; que la petición sea voluntaria, informada y reiterada; que su situación médica no prevea ninguna mejora; que se le hayan comunicado sus opciones; y que el médico haya consultado a otro colega.

El tercer paraíso de la eutanasia es el pequeño ducado de Luxemburgo, donde el Estado exige estar consciente en el momento de la solicitud; no haber sido declarado como incapacitado para tomar decisiones; haber tomado la decisión sin presión externa; encontrarse en una situación médica sin perspectiva de mejora y sufrir esta situación física o psicológica insoportable de modo constante.

Pero es muy llamativo, en contraste con la permisividad en el Benelux, que los grandes países europeos contemplen en su Código Penal penas de cárcel para la eutanasia activa y cualquier forma de comerciar con la muerte de los seres humanos. En Francia, la ley sobre el «Fin de la Vida», o Ley Leonetti, aprobada en 2005 y reformada en 2016, solo autoriza la sedación profunda hasta la muerte: una inyección de morfina que se aplica al enfermo en fase terminal tras dejar de alimentarlo e hidratarlo.

Una praxis que causa enojo tanto en los movimientos proeutanasia como en sus detractores. Los primeros consideran que, además de restringir las posibilidades del enfermo respecto al fin de su vida, puede implicar para ciertos pacientes una agonía. La ley también establece que el paciente escriba al ingresar en el hospital unas consignas anticipadas sobre el fin de su vida. El texto contempla que el enfermo nombre a una persona de confianza para que tome las decisiones en caso de que caiga en estado de coma. Al otro lado del Rin, Alemania solo contempla la eutanasia para casos altruistas desde 2015 y la prohíbe, con hasta penas de tres años de prisión, si alguien la ofrece por motivos «comerciales», lo que cierra la puerta a empresas y asociaciones que ayudan a morir a cambio de dinero. La ley, aprobada en el Parlamento por 360 votos a favor y 233 en contra, fue una de las cuatro propuestas de ley consideradas en un debate que superó las divisiones de partidos, además de la versión favorita de la canciller, Angela Merkel. Sin embargo, la ley dejó en el aire la cuestión de cuándo se comporta un médico de manera comercial. Otro de los grandes debates.

Mientras, en Reino Unido hay pocas dudas: está prohibida la eutanasia y el suicidio asistido es delito y acarrea una pena de hasta 14 años de cárcel. Pero en 2010, la Fiscalía del Estado se vio obligada a publicar unas guías que deben tenerse en cuenta a la hora de decidir si una persona debe ser procesada por haber ayudado a otra a terminar con su vida. Entre los principales factores figuran que la víctima haya tomado la decisión de suicidarse de manera clara, voluntaria e informada; que el sospechoso haya ayudado por solidaridad y que éste coopere con la Policía. La Fiscalía indicó que cada caso será juzgado en virtud de sus méritos y negó que esto abriera la puerta a la eutanasia. En Italia, la eutanasia también permanece como un delito grave. Los legisladores transalpinos han optado por legislar un testamento vital por el que el paciente puede elegir si continuar recibiendo tratamiento en casos terminales.