La central de Garoña, indultada

Tras cuatro sesiones, el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) tomó ayer su resolución sobre el futuro de Garoña. El veredicto: informarán favorablemente al Ministerio de Industria para que dé a Nuclenor un año de plazo para decidir si solicita o no una renovación del permiso de explotación de la central burgalesa, que permanecerá parada y sin combustible.

El Pleno valoró los informes técnicos y jurídicos solicitados en la primera reunión que tuvo lugar el pasado lunes y decidió, por tres votos a favor y dos en contra, mostrarse favorable a que el Gobierno modifique la Orden Ministerial del pasado 29 de junio. Con una condición, que Nuclenor no pueda introducir combustible en el reactor, sin la autorización del CSN, de recibir el visto bueno de Industria. Algo que es más que previsible que suceda.

Esta decisión permite a la empresa participada por Endesa e Iberdrola hacer números para estimar si el proyecto es viable económicamente. Lo primero es conocer si las tasas a los residuos nucleares tendrán o no carácter retroactivo. En juego: 153 millones de euros que, según Nuclenor, tendrían que abonar de ser estas tasas retroactivas. De ahí, que sea crucial una respuesta en este sentido por parte de la Dirección General de Tributos del Ministerio de Hacienda, y que esperan desde el pasado 28 de diciembre.

Coste: unos 353 millones de euros

Otra inversión importante es la partida que tendrán que destinar para acometer las nuevas medidas solicitadas por el CSN tras el desastre de Fukushima. De acuerdo con las estimaciones de operadores de centrales nucleares, la aplicación de estas mejoras podría costar unos 200 millones por cada reactor, según informó la Comisión Europea. En total, con las tasas, la suma puede elevarse a 353 millones de euros.

La decisión, como era de esperar, tuvo partidarios y detractores. «Me parece razonable la postura del CSN, que tras evaluar si las cosas se complican o no con las medidas post-Fukushima, ha decidido que sí, al concluir que Garoña no supone ningún riesgo para la seguridad, que es lo más importante», declaró Juan José Gómez Cadenas, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

Partidarios y detractores

«Es lo racional, Nuclenor ha pedido un año de plazo y después de la inseguridad jurídica que han provocado (el Gobierno) con las tasas fiscales, es lógico dar ese plazo para que los operadores analicen la situación y el Gobierno reconsidere el mix», afirmó César Dopazo, ingeniero, miembro de la Real Academia de Ingeniería.

En cambio, para el coportavoz de EQUO, Juan López de Uralde, esta decisión «responde desgraciadamente a una tradición del CSN, que siempre se postula a favor de la industria nuclear, y no de los ciudadanos. Garoña tiene que hacer frente a los problemas de seguridad no resueltos tras Fukushima. La petición de Nuclenor es puramente económica para ver si les compensa. Estaban fuera de plazo por lo que no debería ser legal. Se han plegado a los intereses especulativos de las compañías propietarias». Una opinión que Cadenas consideró «una acusación gratuita, porque los miembros del Pleno se juegan su prestigio y su carrera. Otra cosa es que no resuelvan en contra de la industria por sistema».

«Es una decisión equivocada por tres razones: Garoña tiene un grave problema de envejecimiento de materiales y no cumple los nuevos estándares de seguridad post-Fukushima. Ya ha cumplido su periodo de vida útil para el que fue diseñada y su potencia es innecesaria para el sistema eléctrico. Por último, ya está amortizada y su prórroga supone unos beneficios extraordinarios para sus propietarios a costa de los riesgos de seguridad que ha de pagar toda la sociedad», afirmó Javier García Breva, presidente de la Fundación Renovables. Una opinión diametralmente distinta mostró el jueves Eduardo Montes, presidente de la Asociación Española de la Industria Eléctrica durante el Fórum Nueva Economía: «Todas las tecnologías son necesarias», recogió Efe, Garoña debería seguir funcionando, pero «en condiciones de rentabilidad».

Nuevas exigencias del CSN

Para que Nuclenor pudiera realizar una futura carga del combustible, el Consejo de Seguridad Nuclear le exigirá acometer las modificiaciones de diseño requeridas que figuran en la Orden Ministerial, una inspección de la vasija y de los manguitos de las penetraciones de los mecanismos de accionamiento de las barras de control, de las soldaduras de la vasija y, en general, de todos los componentes internos.

Si bien, como era de esperar, Nuclenor consideró ayer positiva la decisión adoptada por el Pleno

del Consejo de Seguridad Nuclear. A todo ello hay que sumar la posibilidad de que la Comisión Europea vuelva a implantar, como pretende, nuevas medidas que tendrían que poner todos los reactores de la UE. Aunque de ello dependen los plazos, ya que en 2014 hay elecciones europeas y podrían no llegar a tal fin o descafeinarse, tal y como informaron fuentes del sector.