Las personas con discapacidad intelectual permanecen bajo la tutela de sus padres hasta que cumplen 18 años. Por ello, muchos progenitores inician el trámite de incapacitación una vez alcanzada la mayoría de edad. Sin embargo, está fórmula incumple el convenio de Naciones Unidas que apuesta por mantener la capacidad jurídica de las personas con discapacidad. A pesar de ello, en la mayoría de países se mantiene esta fórmula jurídica. «Es cierto que se está dando una evolución jurisprudencial positiva con la que no se le quitan todos los derechos, pero aún son pocos casos», afirma Inés de Araoz, asesora jurídica de Plena Inclusión. Y es que lo que resaltan desde esta asociación es que «nuestra legislación no se ha modificado tras varios mandatos y por eso no se ha afrontado esta problemática», subraya la experta.

En este momento, como destacan desde Plena Inclusión, la decisión de incapacitación «depende de un juez. Es él quien determina si una persona con discapacidad intelectual puede votar, casarse e incluso asociarse». Las personas incapacitadas no pueden formar su propia asociación, «ni autorrepresentarse», insiste Araoz. Otro de los derechos que se restringen es el de firmar un contrato. Y es que, para hacerlo, es imprescindible contar con la autorización expresa de su representante legal.

Por todos estos motivos, además del que limita su derecho al sufragio, es por que desde las asociaciones se intenta apostar por una incapacidad parcial.

En lo que respecta a la labor legislativa, como destacan desde Plena Inclusión, «sólo en Cataluña se ha modificado el Código Civil para crear la figura del asistente personal. Admite que le apoye en la toma de decisiones», pero en el resto de comunidades autónomas no se han modificado.

Para que un juez determine si una persona con discapacidad está capacitada o no se debe fundamentar en el informe de un médico forense, oír a la persona sobre la que debe decidir y a su entorno. Pero, «muchas veces el juez sólo tiene en cuenta el déficit de la persona y no tiene tan en consideración su opinión», comenta Araoz.

Los padres suelen dar el paso cuando la persona con discapacidad «debe realizar algún acto jurídico de importancia, como una herencia o alguna venta de bienes», pero no es obligatorio pasar por este trámite.

Como explica la experta en Derecho, los padres, en la mayoría de ocasiones, optan por esta fórmula «porque creen que les va a dar una mayor garantía a la hora de proteger a sus hijos». Es por ello que está costando tanto cambiar el actual modelo y son pocos los países que han optado por modificarlo. República Checa, Bulgaria e Irlanda son de los pocos países europeos que ya han dado pasos para evitar la desigualdad que se crea con la incapacitación.

De acuerdo con Plena Inclusión, «no existe una verdadera voluntad política de cambiar el modelo. Existe un miedo al cambio», asegura la asesora jurídica. Con la incapacitación «se restringen derechos muy importantes. Se han dado casos en algunos países como Canadá que han llevado a la esterilización».