La okupación de viviendas en un problema en España y se buscan soluciones para paliarlo. Esta vez ha sido Junts el que ha llevado una propuesta al Congreso de los Diputados para intentar acelerar los largos y, a veces, interminables procesos judiciales. Este martes se votó la toma en consideración de la proposición y contó con el apoyo de PP, Vox, PSOE, PNV o Coalición Canaria y el rechazo de grupos de izquierda como Sumar, EH Bildu o ERC. La votación finalizó con 300 votos a favor, 44 en contra y sin abstenciones.

Los dos partidos con más votos votaron a favor de que se tramite esta ley, pero el PSOE no sigue al pie la idea de las otras formaciones que apoyan la propuesta. El partido de Pedro Sánchez ha mantenido dudas hasta el último momento ya que ha defendido que se debe de proteger el derecho a la propiedad privada, pero también ha advertido de que la gente "está harta de que la derecha y la ultraderecha metan miedo cuando los datos sobre la okupación no corroboran para nada esta situación". Los populares también recordaron que tienen una iniciativa sobre esta materia congelada en el Congreso.

Así es la propuesta de Junts para realizar los desalojos de okupas en 48 horas

Los apoyos que reciba la propuesta son clave, pero lo realmente definitivo es conocerla a fondo. Esta ley permitiría los desalojos inmediatos en 48 horas siempre que exista delito flagrante y que la Policía entienda que la entrada se ha dado en las 48 horas anteriores. Para ello, se podrá basar en circunstancias como la rotura de puertas o ventanas, la activación de una alarma o testimonios de vecinos, testigos o vigilantes.

La formación catalana es firme en su idea, pide que los okupas tengan 48 horas para acreditar su "posesión legítima" y en caso contrario se proceda a su "desalojo inmediato". El gran cambio consiste en que el desalojo será al momento de aprobarse esta ley, sin ningún condicionante que pueda frenar o dilatar el proceso.

Un cambio en la vulnerabilidad para frenar a los okupas

La diputada de Junts Marta Madenas argumentó que la okupación preocupa a la ciudadanía y exige una respuesta política. Ha denunciado el caso de redes criminales de okupación, que sacan ventaja de la población vulnerable. Actualmente, están paralizados los desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional en España por la prórroga del Real Decreto-ley 11/2020 hasta el final de 2025.

De aprobarse esta propuesta, el plazo de 48 horas no se podría ver interrumpido por ninguna situación de vulnerabilidad. Por lo tanto, no habría ningún motivo para frenar el lanzamiento cuando la okupación sea flagrante. Desde la formación catalana señalan que en situaciones de vulnerabilidad es la administración la que debe buscar alternativas habitacionales, una idea que comparten Coalición Canaria o el PNV, que consideran que "no se puede cargar al propietario con la responsabilidad de las familias vulnerables". Algo que venían denunciando asociaciones como Aprovij, según expresó su presidenta en una entrevista a LA RAZÓN.

También se propone cambiar la protección a la vulnerabilidad regulada en el mencionado anteriormente Real Decreto-ley. La propuesta pide limitar la suspensión de los desahucios a casos en los que las viviendas pertenezcan a empresas o a personas físicas con más de diez viviendas, así como a ocupantes que además de estar situación de vulnerabilidad económica sean dependientes o víctimas de violencia machista.

El desalojo como medida cautelar

Esta proposición dar potestad a los jueces, "previa solicitud de parte", para dictar como medida cautelar la expulsión. Esto supondría que, siempre que haya pruebas, se podría proceder al desahucio en las mencionadas 48 horas "para que se puedan tramitar los procesos de desokupación y lanzamiento de inmuebles ocupados ilegalmente de una manera más eficaz y rápida".

¿Qué tipo de okupaciones entrarían en esta ley?

Esta proposición que se va a tramitar en el Congreso va dirigida a los casos de allanamiento de morada y de usurpaciones de vivienda. Esto significa cada tipo de okupación:

• Allanamiento de morada: Se refiere a la primera o segunda vivienda y es un crimen grave recogido en el artículo 202 del Código Penal.
• Usurpación de vivienda: Se refiere a aquellas propiedades que no son ni primera ni segunda vivienda y está recogido en el artículo 245 del Código Penal.

Estos dos tipos de okupación pasarían a tener desalojos en 48 horas si finalmente acaba entrando en vigor esta ley que se va a tramitar en el Congreso de los Diputados. Por tanto, queda fuera la inquiokupación ya que no se considera un delito flagrante. Se refiere a aquellos okupas que tras pagar algún mes el alquiler dejan de hacerlo, normalmente de forma premeditada, y permanecen en el interior de la vivienda sin pagar nada hasta que un juez ordena su desalojo.

Al tener contrato de alquiler previo no se considera allanamiento ni usurpación, por lo que no es un delito de okupación al uso y no entraría en esta ley.