Kathy es una madre de familia que vive una pesadilla desde que decidió alquilar su segunda vivienda en Castellón, a la que acudían los fines de semana, cuando tuvieron que dejar de ir de manera regular: “Decidimos ponerlo en alquiler porque cada vez que bajábamos teníamos la inseguridad de que nos pudieran ‘okupar’". Su familia alquiló el piso, de 110 metros cuadrados en un pueblo con playa, a una señora mayor por un importe de 300 euros, adaptando el precio a sus necesidades: “Esto ha servido para que se aproveche”.

En 2020, un año después de que empezara a alquilar, su inquilina dejó de pagar el alquiler y tras un sinfín de demandas, juicios y amenazas, a día de hoy sigue sin encontrar una solución.

Esta madre recuerda perfectamente cuando y cómo empezó su pesadilla, el 18 de mayo de 2020: “Era una estafa premeditada que no vi venir”. Kathy explica que le pagó un año por adelantado para ver si se situaba y que le solicitó tiempo para poner los suministros a su nombre. Entendiendo la situación, Kathy y su marido aceptaron, con la sorpresa de que cuando llegó la fecha mencionada, la inquilina les comunicó que no iba a pagar más.

La propietaria de la vivienda recibió amenazas telefónicas

El drama no fue únicamente el impago del alquiler, también de los suministros: “A día de hoy sigue sin tener los suministros a su nombre”. Lejos de venirse abajo, la inquiokupa comenzó con las amenazas a la propietaria:“Decía que me va a destrozar el piso, que me iba a abrir los grifos de agua, y, que no se me ocurra cortarle la luz porque ya sabe muy bien lo que tiene que hacer y si me tiene que destrozar la vida me lo va a hacer, cosa que hizo posteriormente”.

La propietaria buscó soluciones tras las amenazas telefónicas, proponiendo posponer los pagos tanto del alquiler como de los suministros, pero la única respuesta eran más amenazas, que cumplía: “Me han llegado facturas de 100 euros de agua, realmente los abría”.

El no recibir el alquiler fue complicando la situación familiar: "Mi marido es autónomo, llega un momento que yo ya llevo todo el 2020 pagándole todo, alquiler, agua, luz, basuras, todo. Entonces hay un momento en el que el único ingreso en mi casa es mi nómina y es de 1300 euros. Yo tengo que escoger entre pagar lo mío o pagar lo suyo y escojo lo mío”. Una vez dejó de pagar los suministros, se los cortaron a la inquiokupa, que comenzó a poner denuncias por delitos de coacciones, acudiendo a la Guardia Civil, donde Kathy explicó que mentía: “La Guardia Civil le pregunta en el atestado si está el día de pago, ella afirma que sí, que no debe nada, nadie le pide pruebas de nada y tiran todo para adelante. Tuvo incluso el valor de mentir ante el juez, y es porque se sienten inmunes con el Real Decreto 11/2020”.

"Miles de propietarios estamos haciendo de escudo social"

El Real Decreto 11/2020 se implementó durante la pandemia y en él “se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19”, según explica el BOE. Respecto a la ‘okupación’, impide desalojar a personas en estado de vulnerabilidad. Esta norma ha sido prorrogado 10 veces y es la causa principal de los problemas según la entrevistada. Con él, el problema pasa de manos: “El problema que le pertenece a la administración te lo cargan a ti, ellos miran para otro lado. Somos miles de propietarios que estamos haciendo de escudo social”.

Los dos primeros delitos de coacciones los ganó, pero al tercero no pudo presentarse ya que iba conduciendo y no pudo apuntar la fecha y no se le volvió a notificar por ningún medio, pese a que se le dijo que sí. Eso le obligó a tener que pagar de nuevo el agua tras la sentencia, pese a que en el contrato ponía lo contrario. Volvió a intentar contactar y la respuesta fue clara: “Voy a estar merendando con cava mientras tú me mantienes”.

“Yo estoy en tratamiento psicológico, medicándome y, aún así, no duermo

Al ser preguntada por cómo lleva la familia esta situación, Kathy se derrumbó: “Estoy llegando a límites que no te puedes imaginar. Es una mochila de cuatro años muy difícil de soportar”. Según alega, todo viene del mencionado Real Decreto, que lo define así: “Es un maltrato psicológico sistemático”. “Estás esperando que se derogue, te dan una fecha, ves la luz al final del túnel y cuando llega la fecha lo vuelven a prorrogar”, afirma. Si no se vuelve a prorrogar, este Real Decreto vencería a final de año.

“Yo estoy en tratamiento psicológico, medicándome y, aún así, no duermo. Es una tensión constante todo el día, no soy yo, no vivo”. Lo más duro para ella llega cuando la ven sus hijos: “Tienen que saber donde nos están llevando, no solo vivo yo esta situación”.

APROVIJ, una asociación para luchar contra la 'inquiokupación'

Kathy es presidenta de APROVIJ, Asociación de propietarios de viviendas contra la inseguridad jurídica, y explica que recibe decenas de correo cada día. Según se definen, son es un colectivo integrado por propietarios que, cansados de la inacción y la falta de protección efectiva, han decidido unirse para defender su derecho legítimo a la propiedad y exigir cambios que pongan fin a la situación de vulnerabilidad en la que hoy se encuentran.

“No estamos protegidos ni los propietarios ni los inquilinos de bajos recursos"

Sin embargo, avisa: “No estamos protegidos ni los propietarios ni los inquilinos de bajos recursos. Este Real Decreto está unido a la palabra vulnerable y para el Gobierno cualquier persona que cobre menos de 1.800 euros es vulnerable o que tengas un menor a cargo”. Añade que les están tirando a la calle, porque nadie les va alquilar: “Los propietarios están quitando sus casas por miedo, hay menos oferta y cuando hay una, llegan 200 personas y se convierte en una puja al mejor postor y el de bajos recursos se queda fuera”.

Añade que no volverá a alquilar aunque recupere el piso por miedo a que vuelva a suceder algo similar mientras no cambie la ley: “Hay gente que nos dice a la asociación que prefiere cerrar la vivienda antes de alquilar por miedo”. “Queremos movilizarnos porque a uno solo se le acaban las fuerzas, estamos hablando con abogados para intentar llegar al Tribunal Constitucional”, explica. “También buscamos juntarnos para ayudarnos, porque hay en momentos que necesitas que alguien te eche una mano. Llega un momento que te ves sin fuerzas”, añade sobre la asociación, que es sin ánimo de lucro e incluso gasta el dinero de los asociados: “He gastado dinero que no tengo en abogados”.

Los procesos son eternos

La única solución que encuentra Kathy es hacer leyes justas para ambos y juicios más rápidos: “Yo tardé casi tres años en llegar a juicio”. La sentencia de su juicio ya es firme y el contrato ya no existe. La señora fue obligada a pagar todo lo que debe y seguir abonando el alquiler, algo que no está haciendo: “Se creen tan por encima de todo que no pagan”. La sentencia también decretó un desalojo, pospuesto hasta que se derogue el Real Decreto que impide el lanzamiento de casas con personas vulnerables: “Recibió la vulnerabilidad en un mes. A mí, que también estoy enferma, me dijeron que tenía que esperar un año para ser valorada por el tribunal médico”. Si no hay una nueva derogación, recuperará su vivienda con el año nuevo.

El pasado mes de noviembre el Congreso aprobó la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para los casos de allanamiento y usurpación de morada, que posteriormente fue vetada en el Senado. Kathy considera que esta medida no ayudaría excesivamente debido a su difícil aplicación: “Los juzgados están saturadísimos y además esta ley chocaría con el Real Decreto de la vulnerabilidad. Mientras esté este Real Decreto siempre tendrán esta baza los ‘okupas’".

La vulnerabilidad lo para todo

Explica que los ‘okupas’ son expertos en alargar el proceso, ya que van añadiendo demandas penales para frenar la del desahucio, que va por lo civil. Luego alegan que no reciben las notificaciones y los abogados de oficio acaban denunciando al no poder localizarles: “Aparecen con el papel de la vulnerabilidad”. Cuando fue a hablar con asuntos sociales acabó con un ataque de ansiedad que le provocó una parálisis temporal de cuello para abajo: “Me tuvieron que pinchar ahí y poner una vía”. Comenta que incluso una concejala le prometió trabajar en el caso cuando “estaba medio ida”, pero que nadie volvió a llamarla: “Son conscientes de que estamos al límite”. Explica que volvió y simplemente le dijeron que “había tenido mala suerte”.

La dilatación del proceso es la principal baza de los ‘okupas’: “Una asociada nos explicó que su ‘okupa’ se había quedado embarazada aposta para entrar en situación de vulnerabilidad”. La asociación va a denunciar: “Deben pagar por todo lo que han hecho desde el minuto uno que hemos empezado a sufrir esta pesadilla y a ser escudo social de este Gobierno”. Explica que la situación es insostenible y que para llegar a la compensación se tarda demasiado. “¿Quién repara todo el daño causado? Destrozan el piso cuando saben que van a ser desalojados”, afirma.

“Me está destrozando el piso, tiene más de diez gatos a los que deja encerrados

Añade que estos ‘okupas’ no solo afectan los propietarios, también a todos los vecinos. Hay gente con la que ha hablado que se ha tenido que mudar por haber ‘okupas’ y que incluso vecinos de su propio piso ‘okupado’ le mandan vídeos de la situación: “Me está destrozando el piso, tiene más de diez gatos a los que deja encerrados. Incluso me llamaron de que le estaba dando palazos a uno”, revela. Mientras está en contacto con protectoras de animales, que tampoco pueden entrar a por los animales. La comunidad también la siguió pagando Kathy, que incluso tuvo que poner dinero para derramas.

De ayudar en la jubilación a ser una pesadilla

Esta okupación le ha afectado de tal manera que no piensa en darle uso si la acaba recuperando: “Esa casa la cierro a cal y canto. En mi ansiedad prolongada por la noche, he pensado en tapiarla, en soldar las puertas, en quitar los cables eléctricos para dejarla inhabitable”. Kathy explica que la casa compró para que el día de la jubilación de su marido, que es autónomo, venderla y así tener una hucha: “Al final ha acabado siendo nuestra ruina”. “Si no me dan seguridad jurídica no alquilo e instó a todos los propietarios a que hagan lo mismo”, advierte que lo siente pero que no se puede sostener.

“Se tendría que hacer un estudio de lo que provoca el Real Decreto”

“En el momento que haya más viviendas porque haya más seguridad, los propietarios serán los que bajarán los precios y exigirán menos condiciones”, explicando que una seguridad adecuada también ayudaría a bajar los precios de los alquileres. “Se tendría que hacer un estudio de lo que provoca el Real Decreto”, afirmando que el abanico se abriría de no estar, según ella, “todo pasa por su derogación”.

Sin embargo, es pesimista de cara a futuro: “Yo creo que se va a seguir prorrogando”. Casi entre lágrimas, hizo una petición: “Espero que no me pille trabajando porque la caída va a ser grande. Pero caeré, me recuperaré y seguiré luchando por APROVIJ”.

El mensaje final de Kathy

Kathy, que en un intentó desesperado por recuperar su vivienda llegó a ofrecer a su 'inquiokupa' el perdón de la deuda al completo a cambio de las llaves, algo que fue rechazado, quiso mandar un último mensaje: “La realidad es una tortura, es un ataque psicológico tremendo. Que tu hija te diga que ha averiguado en internet como curarte y atenderte un ataque de ansiedad es muy duro porque no le pertenece. Estirar tanto el chicle un día al Gobierno le puede traer algún susto porque alguien no va a poder aguantar”.