Eutanasia: España entra en los «paraísos» de la muerte

Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo son los únicos países europeos que admiten la eutanasia activa. Los grandes Estados del continente la castigan con penas de cárcel.

El debate sobre la eutanasia ha cobrado plena actualidad en España gracias a un proyecto de ley socialista que debate ahora el Parlamento. En la propuesta, el PSOE contempla el derecho a una eutanasia financiada por la sanidad pública para aquellas personas que requieren cuidados paliativos por una enfermedad grave e incurable y para las «que deciden no vivir más» en casos de discapacidad grave crónica y que padezcan un «sufrimiento insoportable».

A la espera de que vea la luz el proyecto de ley español, tan sólo tres pequeños países europeos contemplan en su legislación la eutanasia activa (Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo). También un reducido número de Estados permite el suicidio asistido (Suiza, Alemania, Finlandia y Austria) en ciertos casos. Mientras, en la inmensa mayoría, ambas posibilidades de acabar con la vida de un enfermo están perseguidas por la ley, si bien Suecia, Reino Unido, Italia, Hungría y Noruega permiten la eutanasia pasiva sólo bajo estrictas circunstancias. En todo caso, la disparidad legislativa entre los países de la UE, así como los vacíos legales, provocan el malestar de muchos facultativos, que temen que la muerte se convierta en un negocio.

Países Bajos fue el primer país del mundo en legalizar la eutanasia activa en 2001. El Gobierno no la castiga siempre que se ajuste a los requisitos previstos por ley, y sólo a petición del paciente, no de sus familiares. Los menores también pueden estar sujetos a la eutanasia, que pueden solicitar ellos mismos a partir de los doce años, aunque necesitan el consentimiento parental hasta los 16. Una asociación ha llegado a proponer a sus miembros comprar colectivamente una sustancia tóxica letal con la que matarse cuando ya no quieran seguir viviendo.

La vecina Bélgica legalizó la eutanasia en 2002 y la extendió a los menores en 2004. Permite poner fin a la vida de los pacientes conscientes e inconscientes. En el primer caso, el solicitante debe ser mayor de edad o menor con consentimiento paterno; que la petición sea voluntaria, informada y reiterada; que su situación médica no prevea ninguna mejora; que se le hayan comunicado sus opciones; y que el médico haya consultado a otro especialista.

El tercer paraíso de la eutanasia es el pequeño ducado de Luxemburgo, donde el Estado exige estar consciente en el momento de la solicitud; no haber sido declarado como incapacitado para tomar decisiones; haber tomado la decisión sin presión externa; encontrarse en una situación médica sin perspectiva de mejora y sufrir esta situación física o psicológica insoportable de modo constante .

Pero es muy llamativo, en contraste con la permisividad en el Benelux, que los grandes países europeos contemplan en su Código Penal penas de cárcel para la eutanasia activa y cualquier forma de comerciar con la muerte de los seres humanos. En Francia, la ley sobre el «Fin de la Vida», o Ley Leonetti, aprobada en 2005 y reformada en 2016, sólo autoriza la sedación profunda hasta la muerte: una inyección de morfina que se aplica al enfermo en fase terminal tras dejar de alimentarlo e hidratarlo. Una praxis que causa enojo tanto en los movimientos proeutanasia como en sus detractores. Los primeros consideran que, además de restringir las posibilidades del enfermo respecto al fin de su vida, puede implicar para ciertos pacientes una agonía. La ley también establece que el paciente escriba al ingresar en el hospital unas consignas anticipadas sobre el fin de su vida. El texto contempla que el enfermo nombre a una persona de confianza para que tome las decisiones en caso de que caiga en estado de coma. El debate, no obstante, no está ni mucho menos cerrado. Hasta 150 diputados –la mayoría del partido de Emmanuel Macron– han exhortado públicamente a legislar antes de que termine este año en favor de que los enfermos terminales puedan disponer libremente de su destino.

Al otro lado del Rin, Alemania sólo contempla la eutanasia para casos altruistas desde 2015 y la prohíbe, con hasta penas de tres años de prisión, si alguien la ofrece por motivos «comerciales», lo que cierra la puerta a empresas y asociaciones que ayudan a morir a cambio de dinero. La ley, aprobada en el Parlamento por 360 votos a favor y 233 en contra, fue una de las cuatro propuestas de ley consideradas en un debate que superó las divisiones de partidos, además de la versión favorita de la canciller, Angela Merkel. Sin embargo, la ley dejó en el aire la cuestión de cuándo se comporta un médico de manera comercial. Otro de los grandes debates. Muchos facultativos se muestran preocupados por lo que ocurre en Países Bajos, ya que «poner fin a la vida de los pacientes terminales se está convirtiendo en parte integral del oficio del médico» y no quieren que se extienda al resto de Europa.

Mientras, en Reino Unido hay pocas dudas: está prohibida la eutanasia y el suicidio asistido es delito y acarrea una pena de hasta 14 años de cárcel. Pero en 2010, la Fiscalía del Estado se vio obligada a publicar unas guías que deben tenerse en cuenta a la hora de decidir si una persona debe ser procesada por haber ayudado a otra a terminar con su vida. Entre los principales factores figuran que la víctima haya tomado la decisión de suicidarse de manera clara, voluntaria e informada; que el sospechoso haya ayudado por solidaridad y que éste coopere con la Policía. La Fiscalía indicó que cada caso será juzgado en virtud de sus méritos y negó que esto abriera la puerta a la eutanasia. Esta aclaración de la ley fue decidida después de que la Cámara de los Lores se pronunciase a favor del caso de la británica Debbie Purdy, que sufría esclerosis múltiple y temía que su marido pudiera ser procesado en Inglaterra si le acompañaba a Suiza para terminar con su vida. Desde 2010, más de 250 británicos con enfermedades terminales han viajado a la clínica suiza Dignitas.

Precisamente, la Confederación Helvética se ha convertido en el destino preferido por aquellas personas que han decidido poner fin a su vida gracias a su particular legislación. Si bien el suicidio asistido por «motivos egoístas» y causar la muerte de una persona por «motivos encomiables, en particular, por compasión hacia el paciente» están estrictamente prohibidos, el suicidio asistido por razones no egoístas no está específicamente regulado, por lo que se practica aprovechando este vacío legal. Los pacientes, por tanto, deben quitarse la vida por su propia mano, sin ayuda de ningún facultativo. Para ello, existen una serie de asociaciones que facilitan esta penosa tarea. Recientemente, el científico australiano David Goodall, de 104 años, anunció su intención de viajar a Suiza para ser ayudado a morir a pesar de no sufrir ninguna enfermedad terminal.

En Italia, la eutanasia también permanece como un delito grave. Los legisladores transalpinos han optado por legislar un testamento vital gracias al cual el paciente puede elegir si continuar recibiendo tratamiento en casos terminales. Mientras los médicos pueden acogerse a la objeción de conciencia, el hospital debe garantizar el cumplimiento de la voluntad del paciente. El Papa Francisco ya condenó el uso de «medios desproporcionados» que puedan suponer el «ensañamiento terapéutico», bendiciendo de algún modo la ley.

El país más restrictivo con toda práctica para acabar con la vida es Polonia, donde la eutanasia o prestar ayuda para morir a otra persona son tipificados con delitos que pueden ser castigados con hasta cinco años de prisión.

Los partidarios de la eutanasia han sufrido su último revés hace sólo un mes en Portugal, después de que el Parlamento rechazara, gracias a una alianza entre la derecha y los comunistas, cuatro proyectos de ley para despenalizarla. Todos los texto recogían que el solicitante fuese mayor de edad, careciese de problemas mentales que le pudieran influir a la hora de tomar la decisión y padeciese una enfermedad incurable. Además, se exigía que el enfermo confirmase varias veces su voluntad de acabar con su vida y se garantizaba a los médicos su derecho a la objeción de conciencia.

* Con información de Celia Maza, Ismael Monzón, Rubén G. del Barrio y Carlos Herranz