Esta semana se ha conmemorado el Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas, una lacra que también está presente en nuestro país. Y de manera muy evidente, a la vista de todos.

La estimación de la ONU es espeluznante: 1,8 millones de personas en todo el mundo son, en este momento, víctimas de algún tipo de trata, ya sea explotación laboral o sexual. En todos los casos, la extrema vulnerabilidad es el detonante para que los traficantes sometan la voluntad de personas que pasan, a buen seguro, por el peor momento de sus vidas. Es el clásico abuso de poder al que se le saca un rédito económico que, en ocasiones, acaba destruyendo al objeto de la trata.

La prostitución forzada de mujeres y niñas inmigrantes es una de las penosas y más extendidas prácticas de este comercio. Son situaciones que se dan delante de nuestros ojos, en nuestras ciudades y pueblos, y cuya denuncia es uno de los pilares principales si queremos erradicar esta lacra. Según los expertos, se han logrado avances notables desde el punto de vista jurídico y de políticas públicas, pero el gran desafío continúa siendo la detección y la identificación de quienes lo sufren. En primer lugar, por el miedo a las represalias de estas mujeres a quienes las mafias retienen el pasaporte y a las que tienen subyugadas con toda clase de amenazas. Muchas veces, ni las propias víctimas son conscientes de la esclavitud a la que están siendo sometidas y piensan que es el precio que tienen que pagar por haber sido trasladadas de forma ilegal y porque se «comprometieron» a ejercer la prostitución durante un periodo de tiempo. También es común que hayan caído en la trampa de un «lover boy», un tipo que, en realidad, es un proxeneta y que ha atraído a la mujer hasta España con promesas de amor. Una vez descubierto el engaño, la víctima se siente humillada e incapaz de explicar a sus familiares en su país de origen lo ocurrido y terminan accediendo a vender su cuerpo para sobrevivir.

Es importante que entendamos que el ejercicio de la prostitución como una forma de vida elegida desde la libertad apenas llega al 5 por ciento del total. Y que las cifras que ilustran esta página son solo la punta del iceberg, ya que se trata exclusivamente de los casos que desembocan en la incoación de diligencias.