Clamor contra la entrega del sistema MIR a los nacionalistas

El pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), celebrado ayer de manera telemática», estuvo marcado por las críticas al Ministerio de Sanidad por la posibilidad de que la competencia del sistema de Formación Sanitaria Especializada (FSE), que incluye el desarrollo de programa MIR (Medico Interno Residente), pueda ser trasferida a las comunidades autónomas.

La inmensa mayoría de los consejeros de Sanidad criticaron duramente un planteamiento que consideran supone la «ruptura del modelo cohesionado» y que llevaría a la «la pérdida de la calidad y homogeneidad». Por ello, pidieron al ministro, José Miñones, que defendiera la unidad y no un planteamiento que «dé más desigualdades entre autonomías para separar a España».

La preocupación de los representantes sanitarios de comunidades autónomas como Madrid, Comunidad Valenciana, Andalucía, Extremadura, La Rioja, Cantabria, Castilla y León o Baleares proviene de las informaciones hechas públicas la semana pasada sobre las consecuencias de algunos de los acuerdos que el PSOE está firmando con sus socios para asegurar la investidura. En concreto, tanto los que cerró con el Bloque Nacionalista Galego (BNG) como los firmados con ERC y Junts manifestarían, explicitamente o no la apuesta por un traspaso de competencias en la FSE, lo que, entre otras cosas, supondría una descentralización del MIR.

Fátima Matute, consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, señaló: «le hemos transmitido al ministro que nos parece un auténtico despropósito».

Sanidad lo desmiente

Ante la lluvia de críticas –que monopolizaron el pleno– Sanidad se apresuró a negar tales intenciones, desmintiendo que el Gobierno tenga previsto transferir la competencia del sistema FSE a las comunidades autónomas, y lamentando la «desinformación» que, a su parecer, habían provocado «ciertos medios de comunicación» y la «preocupación» que esta había despertado en algunos colectivos sanitarios.

Con esta alusión se refiere a las críticas hechas públicas el domingo por parte del Foro de la profesión médica –integrado por el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos, la Federación de Asociaciones Científico Médicas de España, la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos, la Conferencia Nacional de Decanos de Facultades de Medicina y el Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina– en relación a la posible transferencia. El Foro expresó su «profunda preocupación y rechazo» ante una medida que generaría «desigualdades en la formación, provocaría falta de cohesión en los estándares de calidad a nivel nacional y dificultades en la movilidad y homologación de profesionales». Además, la profesión médica quiso mostrar su respaldo a un modelo que, «ha demostrado ser exitoso en el SNS y que cuenta con un gran reconocimiento internacional», señalaron . Por su parte, la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (Semergen), así como la Organización Médica Colegial (OMC), salieron en defensa del sistema MIR, señalando su rol como «sistema formativo básico en nuestro SNS, reconocido a nivel internacional, y que establece unos requisitos comunes a todos los aspirantes, por lo que transferirlo pone en peligro la equidad del sistema».

Como respuesta a las críticas de los profesionales, el ministro mostró ayer su precupación con el hecho de que, por culpa de «interpretaciones interesadas y bulos que sólo llevan a la confusión», se pusiera en duda «un sistema ejemplar, que hace que los profesionales sanitarios de España tengan un reconocimiento y prestigio profesional a nivel mundial», señaló en un comunicado emitido por el Ministerio después del pleno.

Ante las declaraciones de Miñones, algunos dirigentes autonómicos manifestaron su confianza en las palabras del ministro, no sin matizar que se mantendrían atentos a los acontecimientos. Así, Alfonso Fernández Mañueco, presidente de la Junta de Castilla y León, señaló: «El ministro se ha comprometido a que habrá un MIR único en toda España. No obstante, no vamos a bajar la guardia, estaremos vigilantes de que siga apostándose por un Sistema Nacional de Salud». El consejero de Salud de Cantabria, César Pascual, por su parte, declaró que las comunidades habían obtenido «la promesa del ministro de que no habrá una ruptura del modelo cohesionado que significa un MIR nacional».

Reparto de fondos

Lo que sí criticó Pascual fue que el Ministerio «hubiera anunciado en notas y ruedas de prensa» acuerdos relativos al reparto de fondos entre las autonomías que, hasta la reunión de ayer, «no se habían alcanzado». Efectivamente, en el CISNS de ayer se acordó el reparto de más de 75 millones de euros de los presupuestos de Sanidad de 2023 a las regiones para fortalecer el SNS. La transferencia de mayor cuantía correspondió al Plan de Salud Bucodental, con 68 millones de euros para la ampliación de la cartera común de servicios en esta materia, que extiende la cobertura a niños y niñas de hasta 14 años, mujeres embarazadas, pacientes de cáncer de cabeza y cuello, adultos con discapacidad intelectual y personas con enfermedades neuromusculares. También se dio el visto bueno a distribuir 2.818.070 euros para desarrollar estrategias frente a enfermedades raras y enfermedades neurodegenerativas, incluida la esclerosis lateral amiotrófica (ELA).

Prohibidos los aromas en el tabaco calentado

Sanidad también informó ayer en el pleno del CISNS de la tramitación normativa en marcha para la trasposición de la Directiva Europea 2022/2100 sobre tabaco calentado, que obligará a incluir en el empaquetado la advertencia del riesgo sobre la salud y prohibirá ingrediente o aditivos con aroma o que contengan aromatizantes. De hecho, este fue uno de los motivos de la premura en la convocatoria del pleno, dado que la trasposición tiene que hacerse antes de que termine 2023. «Damos un nuevo paso en la protección de la salud, que complementamos con medidas como la incorporación de un segundo medicamento financiado para dejar de fumar», señaló Miñones. También recalcó que su departamento trabaja en la ampliación del número de espacios libres de humos y en una regulación más restrictiva en el uso de los vapeadores en menores.