Las comunidades autónomas están apurando el límite al que se comprometieron con el Ministerio de Sanidad para implantar el copago farmacéutico en las farmacias. Una medida que, como recuerdan desde la cartera que dirige Ana Mato, «busca la equidad. Equiparar las farmacias de calle con las que venden los medicamentos en los hospitales». Sin embargo, la medida no ha sido muy bien acogida ni entre pacientes ni entre facultativos y algunas regiones ya se han desmarcado en virtud de proteger «al más vulnerable», como calificó ayer la presidenta de Castilla-La Mancha a las personas que padecen una enfermedadad grave. Así, en una rueda de prensa con dos docenas de periodistas, María Dolores de Cospedal anunció que «el sistema se aplicará, pero lo pagará exclusivamente la Junta». Recordó que esta medida afecta a «determinados tratamientos que se suministran en la farmacia de los hospitales, aunque uno no esté en éste» y no a los fármacos que se suministran cuando la persona permanece ingresada en el centro sanitario. Cospedal insistió en la necesidad de «cumplir las leyes», pero aun así, desde la Consejería de Sanidad de la comunidad que preside no saben todavía cómo se va a imponer la medida. Es una apuesta directa de la secretaria general del Partido Popular, pero que cuenta con el apoyo directo de José Ignacio Echániz, consejero de Sanidad de la Comunidad manchega, y que también dirige la política sanitaria del grupo popular.

Echániz siempre ha apoyado las medidas que desde el Gobierno nacional se han impulsado sobre el copago porque considera que «es una medida que lo que pretende es ordenar la Sanidad y no tiene capacidad recaudatoria». Es más, afirmó a la televisión pública manchega que «hemos hecho el cálculo y es poco dinero». Y es que de tratamientos que superan los 7.000 euros, el ciudadano pagaría un máximo de 4,20 euros, una cuantía que Echániz considera que «no es una barbaridad». En lo que se refiere a la puesta en marcha del sistema de copago en los centros sanitarios, el pasado 1 de octubre entró en vigor la orden, pero sólo Ceuta y Melilla la aplicaron, mientras Valencia o Baleares pidieron una prórroga en su implantación por no contar con los equipos técnicos necesarios. Otras como Madrid, Cantabria o Murcia confirmaron que la acatarían.

La aportación del usuario es de un 10% del precio del medicamento, con el precio máximo antes citado. Eso sí, los desempleados, los jubilados que cobran pensiones no contributivas o las personas con discapacidad no pagarán nada.

Andalucía insiste en que no aplicará la medida

Desde que el Ministerio de Sanidad anunció el copago en farmacias hospitalarias, varias comunidades se revelaron contra la medida e insisten en ello. Como la Junta de Andalucía que, días después, recurrió la iniciativa en el contencioso administrativo; a ella también se unió Castilla y León, mientras que el País Vasco ha presentado un recurso de alzada y el Gobierno canario anunció, hace unos días, que también lo recurrirá. Sin embargo, el gobierno regional que dirige Susana Díaz es el que más insiste en su idea de no implantar la ordenanza nacional. «Es una orden injusta que rompe con los principios de equidad del sistema sanitario, sobre todo para las personas con enfermedades graves crónicas», comenta reiteradamente la consejera María José Sánchez.