Batalla entre farmacéuticos y veterinarios por los antibióticos de las mascotas

El pasado 11 de febrero centros veterinarios de todo el país echaron el cierre a sus negocios para protestar contra Presvet, un sistema que se implantó el 2 de enero como consecuencia de la entrada en vigor del Real Decreto 666/2023. Esta norma regula la medicación de los animales, concretamente su distribución, prescripción, dispensación y uso, y supone un cambio respecto a lo que se venía haciendo hasta ahora. Este año, los dueños de los animales dejarán de poder adquirir en las clínicas veterinarias los medicamentos que tenían que suministrar a sus mascotas, y los sanitarios tendrán que registrar todos los antibióticos que utilizan. La medida se ha tomado en base a dos objetivos: adaptarse a la Ley de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios, que establece que quien prescribe un medicamento no puede ser también quien lo dispensa; y reforzar la lucha contra la resistencia a los antibióticos. Desde el sector veterinario mantienen su total rechazo y planean más movilizaciones para reclamar cambios en el sistema, mientras que agrupaciones farmacéuticas defienden que es una metodología necesaria para cumplir la ley.

La plataforma Veterinarios Unido está recogiendo firmas de profesionales colegiados para protestar contra Presvet. Según sus reivindicaciones, consideran que este sistema supone restricciones al libre ejercicio profesional; implica riesgos para la vida del paciente; aumenta las posibilidades de automedicación; y supone una carga administrativa excesiva, entre otras cosas. Sergio López, uno de sus portavoces, cuenta para LARAZÓN que la profesión se siente «cada vez más maniatada». El descontento es tal que no se descartan movilizaciones a nivel nacional.

Sin embargo, no hay muchos indicios de que la situación vaya a ser reversible. Como respuesta a las primeras movilizaciones organizadas por el sector veterinario, desde el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) remitieron una comunicación en la que se alegaba que los veterinarios de mascotas conocen la obligación de transmitir la información requerida a Presvet desde junio de 2023, «por lo que han tenido más de un año y medio para prepararse». Para el MAPA, estamos hablando de un sistema de recogida de información que «no establece limitaciones a las prescripciones y por tanto no condiciona en absoluto el juicio clínico del veterinario». No obstante, desde el Ministerio también han asegurado que ya han comunicado a los colegios veterinarios que este primer año será considerado de transición y rodaje, centrado en la adaptación al nuevo sistema y sin la imposición estricta de sanciones. Además, el Ministerio se ha comprometido a revisar y reducir el régimen sancionador, con un texto normativo ya aprobado pendiente de publicación en los próximos meses, pues otra de las grandes quejas de los sanitarios de animales pasaba por la desproporcionalidad de las sanciones en caso de realizar un mal uso de Presvet. La semana pasada, de hecho, desde la patronal de clínicas veterinarias de Baleares informaron de la primera multa a un facultativo, una sanción que ascendía hasta los 90.000 euros. No obstante, según medios baleares, el director general de Prestaciones, Farmacia y Consumo de la Consejería de Salud de Baleares ha desmentido que esta sanción tenga que ver con Presvet, asegurando que «el expediente sancionador se abrió hace más de año y medio».

Críticas al sistema

Tomás Palomares Rolandi es veterinario especialista en animales exóticos y divulgador. En una entrevista para LA RAZÓN, asegura que «se nota que quienes han hecho este decreto no entienden mucho de medicina ni han trabajado con animales, o al menos no han estado en primera línea de batalla». Según cuenta este profesional sanitario, desde que se puso en marcha Presvet, «tenemos una lista de antibióticos, bastante reducida, que se llama Lista D. Luego están las litas C,B y A, pero siempre hay que empezar por la D». Rolandi entiende que «han decidido por nosotros qué antibióticos son los primeros que tenemos que usar. Yo, por ejemplo, trabajo con muchísima variedad de animales: peces, aves, reptiles, mamíferos… ¿Cómo voy a aplicar lo mismo a un pez que a una cabra, una ardilla o un cisne? Lo han hecho pensando en perros y gatos, y tal vez en animales de consumo como vacas y ovejas, pero hay que tener en cuenta que este sistema afecta a un número amplísimo de profesionales… Y estos profesionales tratan a especies muy distintas». Según explica este veterinario, a la hora de poner un tratamiento tienen que empezar por la lista D, y si el medicamento elegido de aquí no funciona bien con el paciente, tras 10 días, pueden acceder a los antibióticos de la lista C. «Si ninguno de estos dos medicamentos funciona, y tras esperar diez días más, tengo que pedirle al propietario que me autorice a pedir un cultivo (que puede tratar otros 10 días) y que me manden una lista de antibióticos. Si en esta lista aparece que es útil un antibiótico que pertenece a la lista B, que es al que yo quería recurrir desde el principio, solo así, puedo usarlo». La dilatación de los tiempos no solo supone un problema con los animales, también con sus dueños: «Si tú le dices a una persona que vas a tardar un mes en curar a su mascota, no va a querer que le atiendas. Es casi una negligencia», explica Tomás. Este profesional asegura que «todos los veterinarios queremos que haya un control de antibióticos», y reconoce que hay que acabar con las prácticas de aquellos que «mandan medicamentos y hacen facturas sin mucho filtro». Sin embargo, lamenta que se haya sacado «una ley tan agresiva con nuestra forma de trabajar», y sostiene que «convierte los procesos en algo más complejo y caro, y provocará que muchos animales mueran».

Lo que dice la ley

Rafael Areñas Velasco, vicepresidente tercero del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid, entiende que sea un momento convulso, como lo son todos los que suponen cambios. En una entrevista para LA RAZÓN, Velasco afirma que comprende las reivindicaciones de los veterinarios, puesto que «viene de una situación en la que, la mayoría de las recetas, las hacían a mano». Para este farmacéutico, «el control que había hasta ahora era regular. Pero solo estoy hablando de pequeños y domésticos animales, perros y gatos, básicamente. Es cierto que los veterinarios a nivel ganadero ya tenían un control más especial de los antibióticos», matiza.

Según Velasco, todo esto tiene una explicación: «Tenemos un Plan Nacional contra la Resistencia a los Antibióticos, y también la estrategia de la Organización Mundial de la Salud ‘Una sola salud’, que dice que alrededor del 60% de las enfermedades infecciosas emergentes que se registran en el mundo proceden de los animales, tanto salvajes como domésticos». Según datos oficiales, en las últimas tres décadas se han detectado más de 30 nuevos agentes patógenos humanos, el 75% de los cuales tiene su origen en animales: «El control de los antibióticos de uso animal es algo que se está dando a nivel mundial, porque ya se ha visto que es muy fácil que se pasen enfermedades entre ellos y los humanos», mantiene.

La Sociedad Española de Farmacia Rural (Sefar) emitió un comunicado el pasado 18 de febrero para reivindicar que estaban «asistiendo atónitos a una serie de polémicas, manifestaciones, declaraciones y acciones desde determinados sectores de la profesión veterinaria acerca del uso, prescripción y dispensación de los medicamentos de uso animal». Según apuntan, «la Ley de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios es clara y tajante respecto a las condiciones de prescripción, custodia, conservación y dispensación de medicamentos con el fin de garantizar los derechos de pacientes y/o consumidores. Entendemos que la pretensión de que el prescriptor sea, además, dispensador de estos productos supondría un retroceso».

Desde Cofares, la mayor cooperativa de distribución farmacéutica en España, también han expresado la necesidad de cumplir la ley, y en un comunicado emitido el 14 de febrero defendieron que «los controles establecidos por las autoridades son necesarios para cumplir un fin común, como es el derecho y la obligación de todos los profesionales a contribuir a una mejor y adecuada defensa de la salud pública». Los farmacéuticos inciden en que los veterinarios eran los únicos que guardaban en sus establecimientos los medicamentos, algo que impide la normativa vigente. Y es que tal y como ha recogido la Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles (FEFE) en otro comunicado, esta Ley de Garantías, «en sus artículos 3, 38 y otros concordantes establece un régimen de incompatibilidades de tal forma que el prescriptor (veterinario o médico) no pueda asumir a la vez el rol de dispensador y viceversa», para evitar cualquier conflicto de interés.

Rafael Velasco reconoce que «a veces es complejo adaptarse a los trámites burocráticos», pero insta a hacerlo. «Los farmacéuticos también lo hemos hecho. No es un tema de confrontación, sino de encontrar la manera de trabajar y estar cómodos. Tenemos que adaptarnos a esta nueva situación. Ellos y nosotros», concluye.