Sanidad repite el fiasco en la compra de material contra la covid

La Reserva Estratégica de materiales contra la covid que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció el 22 de marzo de 2020, y cuyas bases jurídicas se articularon en el verano de ese año, ha fracasado en sus objetivos. Seis olas después de que se esbozase tras el fiasco en la adquisición de equipos de protección durante la primera de ellas, las propias administraciones públicas se han desmarcado y proliferan las denuncias de opacidad por parte de las empresas que decidieron participar.

Como se recordará, para constituir dicha reserva estratégica de materiales el Gobierno articuló un acuerdo marco de suministro a través del megacontrato de la pandemia. En total, se destinaban más de 2.131 millones de euros, una cifra récord, a la adquisición de batas quirúrgicas, guantes de nitrilo, gafas de protección, mascarillas quirúrgicas, FFP2 y FFP3, test moleculares y kits de extracción. El total de las unidades previstas superaba los 4.201 millones en un periodo de dos años.

El organismo público que resultó encargado de gestionar este acuerdo marco fue el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), dependiente del Ministerio de Sanidad, envuelto en la polémica por el retraso que acumuló España a la hora de adquirir materiales de protección contra el virus, y la licitación del expediente para la selección de los suministradores se publicó en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 4 de agosto.

El 17 de ese mes se presentaron las ofertas y el 10 de noviembre se adjudicaron los lotes 1-4, 10 y 11. El 30 de noviembre se adjudicaron los lotes 5,6,7,8 y 9. Resultaron adjudicatarias las empresas que cumplían con los requisitos de los pliegos del concurso, acreditaban solvencia económica y técnica para acometer el contrato, y depositaban la garantía definitiva requerida en cada lote. La idea era evitar que sociedades fantasma se presentaran, como sucedió en los primeros meses de la pandemia.

Finalmente, los contratos del acuerdo marco se firmaron por el Ingesa con todos los adjudicatarios en diciembre de 2020. Transcurridos 14 meses de aquello, los que han sido adjudicados ascienden a 76,2 millones de euros, lo que supone sólo un 7,16% del valor estimado de la reserva estratégica para un año año, y que ascendía a más de 1.065 millones.

Otra de las conclusiones es que departamentos ligados al Gobierno han participado de forma residual. Destacan el Ministerio del Interior, con sólo 1,03 millones de euros, o el Ministerio de Defensa, con apenas 28.723. Llamativo es, también, el caso del Ingesa, el órgano que tenía encomendada la convocatoria de la licitación y que, además, gestiona la sanidad en Ceuta y Melilla. Fuentes sanitarias explican que hizo unas previsiones que no son públicas ni ha querido facilitar cuando se le han requerido sobre la cantidad destinada para la partida «Reserva Estratégica de Ingesa». Durante toda la vida del contrato ha suministrado material a las diferentes entidades y comunidades que tenían ya almacenado antes de la convocatoria y, sin embargo, no han usado ni un euro del que él mismo convocó.

A pesar de la existencia de este acuerdo, todas las comunidades han ido adquiriendo este material sanitario durante la pandemia por medio de acuerdos ya establecidos en sus territorios, a través de procedimientos negociados sin publicidad y en casi todos los casos poniendo como justificación la situación epidemiológica que se atravesaba. Fuentes empresariales explican que este argumento es falso, ya que todo el mercado nacional sin excepción se ha encontrado totalmente abastecido desde mediados de 2020. De hecho, las contrataciones se deberían haber realizado por procedimientos más transparentes. «Ninguna comunidad da las razones para no acudir masivamente a la contratación centralizada por este acuerdo marco al que se adhirieron pese a tener la obligación de realizar las contrataciones mediante el procedimiento de compra centralizada», aseguran.

Varias empresas adjudicatarias se quejan de la indefensión total que sufren, al haber tenido que acometer inversiones importantes y no poder dar salida al material previamente adquirido a sus proveedores habituales a unos precios debido a la obligación de tener stock de material para el abastecimiento inmediato a las diferentes entidades.

Otro problema surgido tiene que ver con los precios. De hecho, los adjudicatarios de los contratos basados en el acuerdo marco se establecen entre los adjudicatarios teniendo en cuenta el orden de clasificación que es el precio ofertado. Este precio es fundamental en la adjudicación de los contratos basados. Sin embargo, se han producido por parte de los diferentes adjudicatarios modificaciones contractuales del contrato, siendo todas aceptadas por el Ingesa, ya que la gran mayoría consisten en una reducción del precio unitario inicialmente ofertado. «Esto ha llevado a una espiral de bajada de precios por parte de las compañías, que ha convertido el acuerdo marco en una subasta. Si este era el modelo que se quería, se podría haber incluido así en las cláusulas del pliego, pero no se hizo y el espíritu que debería prevalecer es el de la adjudicación en función del precio inicialmente ofertado». De esta forma, el hecho de haber realizado una oferta económica no genera beneficio para la empresa que realiza la mejor estimación y se prima a la que no supo valorar un precio objetivo.

También se han dado casos de compras llamativas. Cataluña, por ejemplo, adjudicó mascarillas FFP3 a la empresa que había quedado en el puesto 14 de 17 adjudicatarios. Castilla y León, FFP2 a la que quedó en el puesto 22 de las 28 ofertas realizadas.