De la perplejidad a la preocupación grave, y de ahí a la denuncia. Los profesionales sanitarios, exhaustos, rodeados de muertes a causa de la pandemia, tanto las de pacientes como de sus propios colegas, tendrán ahora que aceptar, por ley de obligado cumplimiento, atentar contra el principio que rige su profesión: el de velar, con el máximo respeto, por la vida humana. El nuevo proyecto de Ley de Eutanasia que, si nada lo impide, será aprobado por el Senado en las próximas semanas ha conseguido, en tiempo récord, el rechazo de todas las organizaciones médicas, de los organismos de Bioética y Deontología, de algunas asociaciones de pacientes y de las sociedades científicas de cuidados paliativos. Por ello, el Colegio de Farmacéuticos de Madrid (COFM), el Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de la I Región (COEM), y el Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid (ICOMEM) se han unido para denunciar la indefensión a la que la ley aboca a los profesionales sanitarios y el riesgo para la población.

«La sociedad puede ser confundida mediante una intensa presión desde los medios, pero las profesiones sanitarias no. Conocemos la gravedad de las acciones que conlleva, a nivel personal e institucional, y la «pendiente deslizante» hacia la eliminación y/o corrupción del derecho a la vida que implica. «La demanda de eutanasia es mínima o nula cuando el paciente es atendido por un equipo de profesionales expertos», dicen en un comunicado.

Denuncian también que, en vez de potenciar unos cuidados paliativos infra-desarrollados, la única alternativa que propone esta ley a pacientes con enfermedades avanzadas es matarlos. «Es particularmente grave el engaño que nace con la ley de considerar la muerte provocada por eutanasia como muerte natural, algo injustificable.

Esta ley es también muy inoportuna, teniendo en cuenta la situación de pandemia y el gran número de sanitarios que se han visto afectados por el coronavirus. Es incomprensible que, en ausencia de demanda social, la ley se tramite de forma acelerada por decreto, sin diálogo alguno con las profesiones sanitarias y contra el criterio del Comité de Bioética, máximo órgano asesor del gobierno en este tema», señalan. Desde el COFM, alegan que se suman a esta iniciativa porque «como profesionales sanitarios no podemos quedarnos de brazos cruzados ante la indefensión que supone la aprobación de esta ley. Tal como está redactado el proyecto, va en contra de todo lo que representamos en la sociedad. Aunque nosotros no estemos en primera línea, sí estamos en ‘segunda’, como prescriptores de los medicamentos que provoquen esas muertes».

La principal demanda es la de una Ley de Cuidados Paliativos, en un país donde, pese a que existen excelentes profesionales en este ámbito, no hay una especialidad reconocida como tal a pesar de todo. Probablemente, una de las únicas cosas que tengamos en común con Bélgica, Holanda y Luxemburgo, los únicos países europeos que han regulado la eutanasia. «Tenemos en torno a 0,6 servicios especializados por cada 100.000 habitantes, es decir, que estamos al nivel de países como Moldavia o Georgia, cuando lo deseable es tener 2. Está extensamente demostrado que son coste- efectivos (obviamente, si no los comparamos con la eutanasia). Y la pregunta es: ¿quién va a invertir en cuidados paliativos si existe esta opción, que supone tanto ‘ahorro’?», declara Manuel Martínez Selles, cardiólogo, catedrático universitario y presidente del Colegio de Médicos de Madrid.

“Demandamos una Ley General de Cuidados Paliativos, previo diálogo con las profesiones sanitarias, y la retirada del proyecto de ley de eutanasia. En el caso de que no se produzca dicha retirada, nos reservamos el derecho de solicitar a la Comunidad de Madrid, última responsable de la sanidad en nuestro ámbito, la no aplicación de una ley injusta que va contra la ética y la deontología».