Profesionales sanitarios desmontan a Yolanda Díaz: «Subir el IVA a la Sanidad privada saturará la pública»

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, quiere seguir subiendo los impuestos. Bajo el clásico argumentario de subir los tributos a «los ricos» su objetivo es incrementar el IVA de los yates... y de la sanidad privada. «Los servicios de lujo», dijo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros celebrado el 10 de septiembre, «tienen que soportar una carga mayor en términos tributarios». Y continuó: «Los que más tienen, más tienen que aportar.

Este debate no va de subir o bajar impuestos, va de por qué la sanidad privada o la educación privada tributa al 0% en el IVA, y por eso vamos a hacer una propuesta». La respuesta por parte varios colectivos de profesionales sanitarios del sector privado no se ha hecho esperar. Ante las declaraciones de la ministra, la Asociación de Centros y Empresas de Hospitalización Privada de Madrid (ACHPM) ha lanzado un comunicado oficial. En él desmonta uno por uno el argumentario de Yolanda Díaz.

En primer lugar, explican que la vicepresidenta segunda ha asegurado que la sanidad privada «tributa al 0%». Sin embargo, detallan que esta es «una afirmación ambigua, puesto que todos los materiales, servicios, etcétera contratados por la privada tienen el tipo impositivo general».

En la misma línea indican que: «Si se refiere al IVA que los ciudadanos pagan al contratar servicios de sanidad privada (algo que ha comparado con tener "un yate"), debería tener en cuenta que en España hay más de 12,4 millones de personas que cuentan con algún tipo de seguro sanitario privado. Por tanto, no puede entenderse que sea un concepto comparable a un artículo de lujo».

La ACHPM advierte que Yolanda Díaz lanza este "globo sonda" para «marcar un perfil propio de su formación política, Sumar, dentro del Gobierno, ya que su voz tiene cada vez menos fuerza». Además, recuerdan que no es la primera vez que se plantea este medida, que ya se estudió en 2020 y fue descartada por el propio Ejecutivo.

«El Gobierno, entonces, se apoyó en un informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), que evaluó el impacto que tendría subir el IVA de Sanidad y Educación privadas en 3.500 millones de euros», revelan. La Airef también indicó entonces que las exenciones en estos campos, enmarcadas dentro de la exención general del IVA sobre todos los servicios educativos y sanitarios con independencia de quien los preste, está reconocida desde 1985, año en el que este impuesto se implantó en España.

Asimismo, si se cambiara este tipo impositivo, la población y las empresas españolas «estarían en desigualdad de condiciones frente a otros países europeos que también contemplan la exención de la sanidad y la educación», argumenta la ACHPM. Sin embargo, lo más grave para este colectivo es que el ingreso que el Estado conseguiría de una subida del IVA sanitario, «pronto quedaría compensado por un mayor gasto sanitario».

En concreto, alertan de que la subida del IVA «acarrearía un aumento de costes que repercutirían en mayor o menor medida en los pacientes». Según esta asociación, una subida de costes en la privada haría que «miles de personas» dejaran de «acudir a estos servicios para ser atendidos sólo en la pública, lo que implicaría una sobrecargadel sistema» previsiblemente.

Sólo en la Comunidad de Madrid, que es el ámbito de actuación de la ACHPM, la sanidad privada asume:

• El 31% de los ingresos de las altas realizadas
• El 27 % de las estancias
• El 37 % de las intervenciones quirúrgicas.

Por tanto, según los cálculos de los profesionales sanitarios de la privada madrileña, «con un aumento impositivo y atacando la colaboración público-privada, más de 2,6 millones de ciudadanos podrían quedar desatendidos».

«Más allá de todo lo anterior, lo más sorprendente de las afirmaciones de Díaz es que las haga la vicepresidenta responsable de la cartera de Trabajo», reacciona la ACHPM. «Parece no haber pensado en los profesionales: médicos, enfermería, auxiliares, administrativos y otros trabajadores de la sanidad privada», inciden.

La asociación indica que la sanidad privada también es un sector económico, formado por grandes empresas y también por «muchas pymes y autónomos, con pequeñas consultas». Por tanto, la asociación entiende que «atacar a la privada es también poner en riesgo a muchas familias. Son los mismos trabajadores a los que en otras ocasiones la vicepresidenta ha dicho defender».

Por todo ello, este colectivo de profesionales sanitarios solicita a la vicepresidenta segunda del Gobierno «que reflexione sobre su propuesta». A la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, así como al presidente, les piden también «que tengan en cuenta las recomendaciones de órganos como la Airef y piensen en el interés general antes de acometer reformas que repercuten de manera negativa en los ciudadanos».