Unas dudas ofenden, otras alarman

La duda ofende, aunque en su descargo quizás se justifique por razones de estrategia procesal. Me refiero a las preguntas que a instancias del abogado de Puigdemont la Fiscalía belga dirigió a la Audiencia Nacional, inquiriendo sobre la calidad de nuestro sistema de derechos y libertades. Aun así tales preguntas podrían haberse evitado porque, téngase en cuenta, que lo que la Justicia española puso en marcha frente al ex presidente y ex consejeros catalanes huidos fue una euroorden, no una solicitud de extradición.

La diferencia es notable. La euroorden responde a un régimen de cooperación penal entre jueces en la Unión Europea, donde se da por sentado una comunidad de principios y garantías. Luego aparte de ofender se arroja una sombra de sospecha sobre un Estado miembro, España, que es lo mismo que decir que incumplimos uno de los cimientos del régimen de cooperación judicial, precisamente cuando España fue su impulsora. Y esto tiene su historia.

En efecto, España lo impulsó porque respiraba por la herida de etarras refugiados en Bélgica, país convertido en «burladero judicial», de ahí que reaccionase: la libre circulación de personas o la Europa de Schengen, con la caída de las fronteras interiores, no podía suponer Estados desapoderados ni debilitados en la lucha contra el crimen organizado que bien sabe servirse de las ventajas de la Unión.

Fue en la cumbre de Tampere, en octubre de 1999, cuando se pactó una Europa en la que no habría fronteras judiciales y que sustituiría la extradición por la entrega directa de delincuentes. En aquella cumbre –insisto, impulsado por España– se empezó a diseñar el llamado espacio judicial europeo, objetivo que es tributario de una Unión Europea concebida como comunidad de Estados soberanos homologados en cuanto a garantías procesales.

Aunque también nosotros hemos hecho de las nuestras. Habrá que recordar que antes de entrar en vigor la euroorden, nuestro Tribunal Constitucional dudó de la calidad del sistema judicial italiano a propósito de las solicitudes de extradición de mafiosos detenidos en España. La razón es que a diferencia del español, el ordenamiento italiano permite condenar en rebeldía a un acusado, una posibilidad que no ha sido censurada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Ante la solicitud de extradición para que un mafioso cumpliese una condena dictada en rebeldía, nuestro Tribunal Constitucional sostuvo que no podían ser extraditados los así condenados, lo que obligó a que se firmase convenio con Italia que facilitase esas extradiciones, un convenio que anticipó lo que ya ahora es ese sistema de cooperación judicial.

Vuelvo al caso de Puigdemont y demás ex consejeros fugados. La duda de la Fiscalía belga ofende, pero indigna que aquí la alimenten radicales, populistas y secesionistas: todos hermanados en desprestigiarnos con su discurso basado en el poder represivo y violento del Estado, un discurso que presentan a jueces y fiscales como unas marionetas de esa dictadura y que son los que ahora callan ante el acoso a los jueces y fiscales catalanes, si es que no lo han propiciado o, incluso, lo están azuzando. Con este ambiente es plausible la unanimidad de las asociaciones de jueces y fiscales –con el apoyo de sus homólogos europeos– en defensa de nuestro sistema judicial, de nuestro régimen de libertades y de los jueces y fiscales catalanes.

Pero también hay sombras, como el comunicado de Jueces y Juezas para la Democracia, criticando la decisión a la Audiencia Nacional por acordar la prisión provisional de los ex consejeros no fugados, un comunicado censurable por cinco razones. La primera, por romper la unidad asociativa en un momento en el que no hay sitio para frivolidades; la segunda, porque por mucho guante blanco que emplee se critica una decisión jurisdiccional, algo que las asociaciones judiciales siempre respetan; la tercera, porque con poca autoridad pueden exigir los jueces respeto a sus decisiones si una asociación de jueces se permite criticarlas; la cuarta, porque, una vez más, no se oculta su querencia hacia los intereses políticos afines a su izquierdismo ideológico. Y la quinta, por el daño que causa a sus miembros: esa crítica invita a plantearse si como jueces actúan con independencia o sujetos a consignas asociativas, una duda que más que ofender, alarmaría.