Apoyo, sin demasiadas fisuras, la firma del acuerdo para una paz definitiva en Colombia, que se anunció el pasado 24 de agosto y que se materializará públicamente el próximo lunes 26 de este mes en Cartagena de Indias. Luego deberá ser ratificada por el pueblo colombiano el domingo 2 de octubre. Bien sé que hay determinada oposición a lo acordado, especialmente representada por dos ex presidentes –Pastrana y Uribe–, bajo cuyos mandatos participé en misiones en la propia Colombia y en el exterior.

He contado algunas veces quiénes me hicieron querer a Colombia. Destaco la figura de Augusto Ramírez Ocampo, antiguo alcalde capitalino y canciller de la República, que fue Alto Representante de Naciones Unidas para El Salvador (ONUSAL), con quien colaboré intensamente durante dos años. Su recuerdo me aparece durante la densa lectura de las 297 páginas que conforman el «Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y Construcción de la Paz Estable y Duradera»: aquí frunciría sus grandes cejas; aquí tacharía por repetitivos ciertos puntos; aquí interrogaría sobre lo que significan unas complejas siglas (CFHBD, PDET, ZVTN, CSVR, JEP, PNRRI) (1).

Se tranquilizaría por saber que en La Habana han trabajado junto a Humberto Lacalle, jefe del equipo negociador, dos generales de prestigio, Mora y Naranjo, una experimentada diplomática como María Ángela Holguín o un todoterreno negociador como Sergio Jaramillo. «Sé poco del equipo de las FARC que lidera Iván Márquez –diría–, pero entiendo que han estado bien asesorados. Y como vienen todos con el nombre cambiado, me pierdo».

Si yo tuviese que llamar la atención sobre un párrafo que considero básico, subrayaría el punto quinto del Comunicado Conjunto –el nº 93 de los presentados por las partes desde que comenzaron las negociaciones en La Habana hace cuatro años–, que dice: «Este acuerdo final corresponde a la libre manifestación de la voluntad del Gobierno Nacional y de las FARC-EP, al haber obrado de buena fe y con plena intención de cumplir lo acordado». Libertad y buena fe. Sin ellas, todo lo escrito sobre reformas constitucionales, leyes de amnistía, cauces políticos de reinserción, preocupación por los sectores de población menos favorecidos o mas afectados por la guerra –mujeres, niños, campesinado, discapacitados, desplazados, mayores– y «comunidades indígenas afrocolombianas, negras, palenqueras, raizales y rom (sic), no serviría para nada».

Obligado a resumir recordaré los seis grandes temas que integran el Acuerdo (2): el primero –y es sintomático– se refiere a la Reforma Rural Integral. Hay que fundir dos sociedades, la urbana y la campesina; hay que dar una salida económica y social al mundo en que han operado las FARC.

El punto segundo se refiere a la «Participación Política» como puerta abierta para la construcción de la paz, con garantías para su libre ejercicio, con seguridades para no repetir fracasos anteriores.

El punto tercero se detiene en el «Cese el Fuego y Hostilidades Bilateral y Definitivo y la Dejación de las Armas» (CFHBD) y (DA). Pone fin a cincuenta años de guerra, se apoya en la mediación y experiencias internacionales y arbitra unos mecanismos de verificación y control estándares, pero que garantizan el proceso. Contingentes internacionales –entre ellos españoles– están preparados para el apoyo al acuerdo, que no presenta mas dificultad que la real voluntad de cumplirlo. Por supuesto surgirán problemas, técnicamente solucionables.

El punto cuarto se detiene en la «Solución al Problema de las Drogas Ilícitas», verdadero cáncer que ha afectado a las FARC , a la propia sociedad colombiana y a toda la causante demanda internacional, entre ella la nuestra, europea, y la norteamericana.

El punto quinto contiene uno de los temas más delicados: las víctimas. Se arbitran mecanismos; se llama a la reconciliación y al perdón, se crea un «sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición» que integra mecanismos judiciales –Jurisdicción Especial para la Paz–, apela a los Derechos Humanos, al Derecho Internacional Humanitario, con medidas concretas dirigidas a reparaciones integrales o a la búsqueda de personas desplazadas o desaparecidas.

El sexto y último punto se refiere a los «Mecanismos de Implementación y verificación» una especie de reglamento de cómo llevar a efecto todo lo convenido.

Terminaré con unas consideraciones.

La primera se refiere al futuro papel de la Fuerzas Militares. Un buen analista colombiano –Armando Borrero– llama la atención sobre el peligro de rápidas desmovilizaciones como se hizo en El Salvador o en Guatemala, donde han aparecido violencias que ni durante los periodos de guerra conocieron. Colombia es un país extensísimo y necesita en los próximos años una presencia firme del Estado en todo su territorio. En un primer tiempo sólo las Fuerzas Militares y Policiales pueden asegurarlo. España, país hermano, con fuerte presencia colombiana entre nosotros –acaba de ganar nuestra «vuelta» ciclista un colombiano y lo sentimos como nuestro–, debe apoyar sin fisuras el proceso. Cuba y Noruega –hay que felicitarles– lo han cumplido. Queda aún mucho por hacer, porque los acuerdos entrañan mucho más que la solemne firma de un compromiso de paz.

(1) PDET: Programas de Desarrollo de Enfoque Territorial; ZVTN: Zonas Veredales Transitorias de Normalización; CSVR: Comisión Seguimiento y Verificación y Resolución de diferencias; JEP: Jurisdicción Especial para la Paz; PNRRI: Planes Nacionales para la Reforma Rural Integral.

(2) Para saber mas: Comunicado Conjunto #95 La Habana, Cuba, 1 de septiembre de 2016