Los tres engaños del Gobierno a Valencia

Los engaños del Ejecutivo de Pedro Sánchez se han sucedido sin freno desde el día siguiente al desastre en el que la DANA sumió la zona cero de la Comunidad Valenciana. No actuó de inmediato cuando tenía todos los medios y los recursos jurídicos para hacerlo, no asumió su responsabilidad por no haber acometido las obras hidráulicas necesarias que hubieran evitado buena parte de la tragedia y la medalla que intentó colgarse públicamente con su aparición estelar para anunciar un escudo social de ayudas multimillonarias en realidad ocultaba una mísera contribución del Estado a la recuperación de hogares y empresas que lo han perdido todo.

Con el rimbombante nombre de plan de emergencia para la recuperación intentó disfrazar un programa de subvenciones que debería haber sido a fondo perdido por un montaje de ayudas indirectas, créditos blandos que tendrán que devolver y aplazamientos fiscales con los que finalmente deberán cumplir, únicamente aderezado con unas migajas económicas que llegarán con cuentagotas.

Son muchos más, pero tres son los engaños en los que se puede resumir lo que el Gobierno ha cometido con la población que sufrió el horror el 29 de octubre.

Primero. La Confederación Hidrográfica echó toda la culpa a la Generalitat y no admitió que necesitaba un sistema para anticipar los riesgos de inundación que rechazó incorporar en varias ocasiones. Ahora acaba de cursar la tramitación de urgencia para instalarlo por 22 millones de euros. Llega tarde.

Segundo. Las exenciones y reducciones fiscales son mínimas y la flexibilización de los plazos tributarios de declaraciones, liquidaciones, requerimientos, alegaciones y demás diligencias son solo un alivio temporal. Si de verdad quisieran ayudar se multiplicaría el importe de las ayudas directas, se eliminaría el IVA para la recuperación de vehículos y enseres, se flexibilizarían las condiciones de los ERTE y se asumiría el coste de las infraestructuras.

Y Tercero. El último hachazo dado a traición ha llegado en forma de comunicación oficial, en la que el Gobierno central advierte a los ayuntamientos damnificados que «no son subvencionables las actuaciones para recuperar cualquier servicio público», ni tampoco «instalaciones deportivas, culturales, industriales, forestales o agrícolas en las que no existe un núcleo habitado». Además, explicita que no se recuperará el «asfaltado o reasfaltado de caminos» ni se pagará la limpieza de lodo que no corresponda «con permitir el paso inmediato».

Al abandono miserable al que sometieron a la población hasta cuatro días después del paso de la riada se suma ahora una decisión aún más mezquina, perversa, cicatera y roñosa de una Administración que vende el humo de la progresía y paga con la ruindad del que regatea al que no le queda nada.