No «todos» tienen derecho a la vida

Algo grave ha sucedido para que nada menos que un obispo tan significativo como José Ignacio Munilla, actual titular de la diócesis de Orihuela-Alicante desde hace un año y de San Sebastián y Palencia con anterioridad, afirme públicamente que «la traición del Partido Popular a la causa provida es total y absoluta. Ya no se puede ir más lejos (…) al reconocer el aborto como un derecho».

Conocido es lo sucedido: el Tribunal Constitucional con 13 años de retraso y ya con magistrados «dispuestos a manchar sus togas con el polvo del camino», a diferencia de sus predecesores que al parecer no debían estarlo, ha avalado por 7 a 4 que el «aborto a plazos es un derecho». E incluso para eliminar a los disminuidos –y con un plazo mayor–, lo que es una singular interpretación del «Todos tienen derecho a la vida» del artículo 15 de la Constitución. Al PP le parece una ley «correcta» y «buena», habiendo presentado un recurso contra ella que se mantuvo activo desde 2010.

Desde esa misma lógica cabe imaginar que, de haber sido aceptado el recurso por el Tribunal, hubiera expresado su contrariedad. Afirma el PP que desde 2010 la sociedad –y el partido con ella– ha «evolucionado y no es la misma que ahora respecto al aborto» para explicar el cambio experimentado, lo que exime de más comentarios por ser una expresión del relativismo moral más absoluto, propio del bloque político de la moción de censura, pero se suponía que no de ellos.

Es la primera vez que el PP se declara partidario del aborto de forma institucional y pública, cuando en sus estatutos todavía se define como defensor de los principios del humanismo cristiano y del derecho a la vida. Deberían reflexionar que esa posición política genera problemas de conciencia –entre otros– a no pocos de sus votantes católicos que, sin duda, esperan un cambio político en España y no una mera sustitución en La Moncloa limitada a corregir la deteriorada situación económica. Cualquiera que sea la magnitud de ese voto, es sin duda necesaria para conseguir la imprescindible alternativa de Gobierno.

San Juan Pablo II ya expresó su consternación en la encíclica «Evangelium vitae» ante la dramática situación de que el aborto fuera reconocido como un «derecho» en algunos países, y se preguntaba retóricamente cómo la humanidad había podido llegar a esta situación. La dictadura del relativismo ético y moral imperante parece que lo ha conseguido de la mano del TC, del Gobierno y de la parte mayoritaria de la oposición. Para ellos, no todos tienen derecho a la vida.