Tensando la «soga verde»

El sector primario estalla contra la Agenda Verde en toda Europa. No es sólo la agricultura, también la ganadería y el mundo no urbano en general, incluyendo la pesca y demás actividades alrededor de los sectores básicos, desde la logística a la alimentación, la gastronomía o el turismo rural. Empezó Holanda, donde acabó triunfando el denominado partido campesino BBB. Las protestas continuaron en Polonia, Bulgaria, Lituania, Bélgica y Rumanía, como rebelión por las ventajas a los productos de Ucrania, no sujetos a la Agenda Verde. En Alemania llevan semanas los tractores en las calles y ahora le toca el turno a Grecia y Francia, donde el levantamiento agrícola viene acompañado de episodios de violencia.

¿Por qué las protestas? La plataforma española SOS Rural lo ha explicado esta semana en La Razón. Son problemas que afectan a los bolsillos de todos. Si se produce poco, si cuesta más cultivar, si hay escasez, el resultado es el encarecimiento de cuanto se vende en los supermercados. De manera que no se trata de una situación que perjudique apenas a agricultores y ganaderos, sino que repercute en la economía entera.

Por eso está saliendo el campo a la calle en Europa, incluido ahora en España, de momento. Porque el sector primario no puede más y alerta del ecocidio del mundo rural. Una asfixia que, según denuncian, está siendo provocada por las malas políticas y por el apoyo gubernamental a grandes fondos de inversión que devalúan la agricultura para favorecer sus intereses económicos con la excusa del «falso ecologismo», favoreciendo la devaluación de fincas para instalar grandes parques solares o eólicos, en detrimento de la población, la economía y la seguridad alimentaria en general.

Las críticas de estos sectores se centran en la Agenda Verde, a la que denominan «soga verde europea». El mundo rural se considera más ecologista que nadie porque defiende la naturaleza y entiende que, siendo verdad que ha habido abusos, la mayor parte de las veces fueron promovidos por multinacionales que han inundado el mercado con sus productos abrasivos, pesticidas, herbicidas, glifosatos y demás contaminantes. Lo curioso es que se culpa a los agricultores de utilizarlos, cuando han sido los canales de distribución de las grandes corporaciones los que los han llevado hasta los cultivos.

Denuncian, además, que se legisla de espaldas a la agricultura, marginada dentro de la «European Green Deal» y castigada con cierres forzosos de granjas, prohibición de cultivos y fertilizantes, incremento del precio del diésel y de la maquinaria agrícola. A eso se une en España la sequía, agravada porque en cinco años no se ha hecho ni un solo trasvase u obra hidráulica. Al contrario. En 2021 fueron destruidas 108 presas, azudes o rampas para favorecer el cauce ecológico de los ríos.

Planteamientos extremistas que condenan a miles de agricultores a la inactividad, a malvender tierras y depender de subsidios públicos para subsistir.