El Gobierno ha asistido con desinterés e irresponsabilidad a la crisis inmigratoria que padece Canarias desde hace meses. Sin soluciones reales y eficaces, se ha dedicado a generar tensiones e intentar sacudirse una competencia que es enteramente suya con el estrambote final del reparto de los menores pactado con los separatistas catalanes que es abiertamente un fraude de ley. El Supremo ha puesto las cosas en su sitio. Ha apremiado a Sánchez a hacerse cargo de los cientos que esperan asilo en el archipiélago porque resulta «imprescindible» actuar ante la situación de «hacinamiento». El Ejecutivo se ha conducido con una pavorosa dejación de funciones que en muy buena medida retrata el carácter desalmado de quienes instrumentalizan en beneficio político la vida de estas personas. La Sala ha dado 10 días para socorrer a ese millar de jóvenes, pero la desobediencia es la marca de esta administración.