Acaban de celebrarse las elecciones a las Salas de Gobierno de los tribunales. Salvo que usted esté muy familiarizado con los temas judiciales, supongo que le resultará indiferente; lo comprendo, pero no le es ajeno y de alguna forma le afecta o le afectará. Del resultado me quedo con un dato: una vez más y en este único espacio en el que los jueces, democráticamente, manifiestan su voluntad, arrolla la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), esa que la prensa adorna con dos adjetivos: es la mayoritaria -ya se ve- y conservadora.

Dentro del mapa del asociacionismo judicial prescindo de dos asociaciones cuya razón de ser sigo sin entender -desde la lógica- y me fijo en la que sí tiene entidad: Jueces para la Democracia que, en contraposición a la APM, es calificada por la misma prensa como minoritaria y progresista. El primer adjetivo lo acepto -los hechos están ahí, apenas un 2’5% de los votos-, y el segundo mi problema es que no sé cómo gestionarlo. De siempre he sostenido que es el brazo judicial de un movimiento político e ideológico más amplio, identificado con la izquierda en toda su gama de colores y colorines. Esa y no otra es su fuerza como asociación, por pocos afiliados que tenga. Esto no significa que todos ellos se identifiquen con ese apadrinamiento político e ideológico que es su fuerza, es más, muchos son buenos profesionales, diferenciados de los que sí son activistas ideologizados.

Estos resultados electorales dejan claro cómo respira la Judicatura, identificada con la imagen maestra de un juez profesional, alejado de veleidades ideológicas y políticas; su moderación es ajena a su concepto o idea en la política y se explica porque, en sí, la sujeción a la ley y su aplicación, exigir que se cumpla y respete, modera, no da pie a frivolidades o ensoñaciones revolucionarias ni deja espacio a extremismos alguno.

Como ustedes podrán deducir ese tipo de juez, que aflora y se manifiesta con estas elecciones que comento, tiene por enemigo a la actual mayoría legislativa y gobernante que para nada oculta ya su aversión hacia quien considera juez hoy ultraderechista, mañana machista y pasado homófobo o las tres a la vez: el caso es que le contraría. Esa mayoría se la tiene jurada y ya le gustaría seguir los pasos de Méjico, con su política de cese masivo de jueces para sustituirlos por otros acordes con la fuerza gobernante. Si aquí no seguimos esos pasos no será por falta de ganas sino, más bien, por la Unión Europea.

Esa limitación no impide otras tretas. Al insulto se añaden medidas de lo más chusco, al menos para desprestigiarnos, como lo evidencia el último grito que se oye en el zoco de las descalificaciones: nuestra raíz social. Resulta que procedemos de la alta burguesía, o somos hijos de hidalgos o terratenientes, o atufamos a Ibex35, una ascendencia que para ellos explicaría el lawfare o que seamos machistas. Como lo oyen. Y tirando de demagogia hablan también de endogamia. Ahí tenemos a este prócer, al diputado Rodríguez Gómez de Celis, que asegura que entre los jueces el «día que haya más hijos de obreros que hijos de jueces habrá vencido la democracia». «La democracia», nada menos. Y se quedó tan ancho. Espero que su decencia le permita digerir este dato: sólo el 5% de los jueces son hijos de jueces.

En medio de este panorama se atisba otro nubarrón, el de los jueces sustitutos, un nubarrón que puede descargar no se sabe dónde ni con qué intensidad. Se está tramitando una ley para la eficiencia de la Justicia que algunos quieren forzar para deducir que exige convertirles en jueces de carrera. Aglutinados en varias asociaciones, su abogado es un exjuez de pensamiento en política judicial romo o plano -elijan-, lo suyo ha sido siempre el postureo y sacar partido, ahora de los sustitutos.

Este fenómeno degenerativo tiene muchos padres y me centro en los propios jueces que, en una carrera sin alicientes y recargados de trabajo, rechazan asumir sustituciones apenas compensadas. Son los propios jueces quienes han alimentado una idea suicida: que lo que hacen -y tanto les ha costado hacer- lo puede hacer cualquiera sin acreditar los conocimientos que ellos sí demostraron, que lo puede hacer incluso un sustituto que suspende las oposiciones y sigue ejerciendo unas funciones para las que ha demostrado no tener conocimientos.

En fin, es también fruto de no concebir otra política judicial que la de multiplicar jueces y se ha inflado así una burbuja que era cuestión de tiempo que reventase. Se apeló a ellos cuando se barajó crear la Justicia de Proximidad y el nacionalismo los ha visto como cantera para ir construyendo su propia Justicia. Y muchos jueces lo fomentan. Un suicidio colectivo que da coartadas a quienes quieren otra Judicatura.