El pasado 19 de junio se cumplió un año desde la victoria de Gustavo Petro en las elecciones presidenciales de Colombia. El balance de este primer año no puede ser más desolador. La interminable lista de promesas sociales y de pacificación con la que el primer presidente de izquierdas colombiano llegó al poder en agosto ha quedado sepultada en el fango del «Nannygate»: un escándalo sórdido que mezcla abuso de poder, financiación irregular, maletines llenos de dinero, cocaína y escuchas ilegales.

Hasta hace un año, Marelbys Meza era una perfecta desconocida que trabajaba como niñera cuidando al hijo pequeño de una asesora del presidente colombiano. Pero ahora, esta mujer de 51 años está en el centro de un escándalo rocambolesco que ha pulverizado el mito del dirigente izquierdista y exguerrillero del M-19. El «Nannygate» le ha costado a Petro la cabeza de dos estrechos colaboradores: su jefa de Gabinete, Laura Sarabia, y la de su embajador en Caracas, Armando Benedetti, pero, sobre todo, ha perjudicado su agenda reformista y también ha dañado su credibilidad, que anteriormente, en su etapa de alcalde de Bogotá, había denunciado las escuchas ilegales. Todo comenzó en enero, cuando Laura Sarabia, de 29 años, denunció que la niñera había robado miles de dólares en efectivo, que al parecer estaban guardados en un maletín en su domicilio. No está claro todavía de qué cantidad se trata -entre 7.000 y 35.000 dólares- ni su procedencia. Pero pinta mal. La exjefa de Gabinete envío al personal de seguridad de la Presidencia a interrogar a Meza y la sometió a la prueba del polígrafo. Aquí, el abuso de poder. El escándalo se agrava con la intervención de Benedetti, furioso por el ascenso meteórico de Sarabia, su exsubordinada. Los dos empezaron a acusarse mutuamente en los medios de comunicación. Petro los destituye y trata de soltar lastre. Sin embargo, las filtraciones periodísticas siguen sucediéndose. En una de ellas, Benedetti acusa al presidente de sufrir, como él, problemas de adicción a la cocaína. Pero, sus contratiempos no terminan ahí. En marzo, la fiscalía abre una investigación contra su hijo mayor, Nicolás Petro, tras las acusaciones de que recibió 200.0000 euros para la campaña de 2022 del narcotráfico. Nicolás lo niega a pesar de que su elevado nivel de vida suscita muchas dudas y preguntas entre los colombianos.

En vez de admitir errores y tratar de poner orden en casa, el presidente colombiano ha optado por presentarse como la víctima de «un golpe blando» por parte de los poderes fácticos que rechazan su agenda progresista. Ha coseguido que 300 intelectuales de izquierdas –entre ellos el ex líder laborista británico, Jeremy Corbyn, el académico Noam Chomsky o el ex presidente socialista de Ecuador, Rafael Correa–firmen una carta de apoyo que denuncia maniobras desestabilizadoras. Flaco favor. La autoridad de Gustavo Petro está muy tocada tal y como reflejan las encuestas. En vísperas de las elecciones municipales de octubre, la aprobación ha caído casi 20 puntos, del 33% al 50% de principios de año. Petro ha construido su carrera política sobre la leyenda del guerrillero de izquierdas que lucha contra el poder, pero ahora él está al mando de la tercera economía de América Latina y el hedor de la corrupción llega desde su círculo más íntimo.