Fiscalía filtradora

Que un particular cometa fraude fiscal podrá parecernos un acto más o menos grave (para quienes consideramos los impuestos como un robo legalizado contra el ciudadano, no un acto especialmente grave), pero desde luego será un acto cuya ilicitud palidece al lado de que el Estado trafique con los datos confidenciales de particulares para obtener réditos políticos.

Porque eso es lo que, al menos con la información disponible hasta el momento, es lo que parece que ha ocurrido con el caso de Amador González: por tratarse de la pareja de un rival político del PSOE, no sólo su posible fraude fiscal ha recibido mucha más atención mediática de la que, ausente su relación con Díaz Ayuso, habría recibido, sino que se ha expuesto a la filtración de información que debería haber permanecido secreta tanto para salvaguardar su privacidad cuanto para no vulnerar su derecho a unas garantías procesales mínimas. Concretamente, «alguien» filtró a los medios de comunicación las conversaciones secretas entre el abogado de González Amador y la Fiscalía dentro de las cuales cada parte estaba desplegando su propia estrategia negociadora. El objetivo de esa filtración, según nos desveló ayer el propio presidente del Gobierno, ha sido el de contrarrestar el relato supuestamente falso que estaba construyendo González Amador de la mano de Isabel Díaz Ayuso: un relato en el que la Fiscalía le habría ofrecido a González Amador admitir la comisión de los delitos de los que se le acusaban a cambio de una rebaja en las penas. Para la Fiscalía, empero, la realidad era la opuesta: el abogado de González Amador trataba de obtener una rebaja en las penas a cambio de reconocer los delitos. Hasta aquí no hay nada ilegítimo en que cada parte presente la narrativa que considere oportuna ante la opinión pública. Lo que no es admisible es que la Fiscalía, para anotarse un tanto y mostrarnos que tiene razón, filtre documentos (como los mails confidenciales que mantenía con el abogado) que deberían haberse mantenido secretos.

No, contrarrestar un supuesto bulo no justifica transgredir los derechos de un ciudadano relevando información secreta sobre el mismo. ¿Qué será lo siguiente? ¿Filtrar información (legal o ilegalmente obtenida) sobre periodistas, profesores, artistas, deportistas, empresarios o particulares que no le bailen el agua al poder político? Los responsables de este atropello tienen que caer y todo apunta que residen en La Moncloa y en la Fiscalía General del Estado.