Votar por Cataluña, votar por España

Casi medio siglo después de que la democracia volviera a andar por la piel de toro, la sociedad española se enfrenta al riesgo insólito, pero cierto, de que en una parte del territorio nacional no puedan celebrarse con normalidad unas elecciones. En efecto, en Cataluña, no sólo nos hallamos ante la amenaza de disturbios y bloqueos de centros electorales por parte de unos grupos antisistema de adscripción separatistas, sino ante el hecho de que son las propias instituciones autonómicas, que ostentan constitucionalmente la representación del Estado, conviene no olvidarlo, quienes alientan el desorden callejero, comenzado por el presidente de la Generalitat, Joaquín Torra, en equilibrio permanente sobre el delito de rebelión. En otras circunstancias, sin la fragmentación del escenario político actual, con diversos partidos disputándose apoyos en el mismo espectro ideológico, no nos cabe duda de que habría una contundente respuesta de los poderes públicos en defensa de uno de los actos básicos de cualquier sistema democrático que se precie, como es el de poder acudir a las urnas en libertad y sin coacciones de ningún tipo. Tal es así, que los tres líderes del centro derecha, a quienes este domingo ha encuestado LA RAZÓN, coinciden, con muy pocos matices, en el grave diagnóstico de la situación, pero difieren sobre las medidas que cabría haber tomado. Desde el Partido Popular, Pablo Casado, insiste en que la aplicación en su momento, con el correspondiente requerimiento al presidente Torra, de la Ley de Seguridad Nacional no sólo habría reforzado la defensa del estado de Derecho en Cataluña, sino que habría garantizado el respaldo jurídico e institucional a los Mossos, hoy sujetos a la inicua presión de sus propios responsables políticos. Albert Rivera, por parte de Ciudadanos, mantiene su apuesta por la suspensión de la autonomía, entendemos que por la vía del 155, y, con memoria selectiva, critica las limitaciones con las que el Gobierno de Mariano Rajoy aplicó ese mismo artículo en 2017. Por último, el presidente de VOX, Santiago Abascal, cree que ambas propuestas llegan tarde y son insuficientes. En su opinión, ha llegado el momento de aplicar el artículo 116, que, como conocen nuestros lectores, es el que regula los estados de alarma, sitio y excepción. Que entre los dirigentes del centro derecha existe unidad de propósito respecto al desafío separatista catalán es cierto, pero también lo es que la pugna electoral tiende a incidir más en las diferencias que en los puntos de acuerdo. La situación se vuelve más compleja si cabe ante la posición de pasividad que está adoptando el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ciertamente condicionado por las necesidades electorales del PSC. Porque la pregunta que se hace la mayoría de los ciudadanos, y que tiene en vilo a los diferentes cuerpos policiales, es cómo pretende impedir el candidato socialista, que es quien más caudal político se juega en las urnas, que los grupos violentos del CDR y del mal llamado «Tsunami democrático» lleven sus amenazas a los hechos y traten, efectivamente, de distorsionar las elecciones en el Principado. Comienza, pues, una semana decisiva para el futuro de la nación con Cataluña, una vez más, como elemento polarizador de unas elecciones y con un Ejecutivo que, por lo que estamos viendo, no parece advertir que el cambio de estrategia del secesionismo, con la violencia como instrumento de acción, exige nuevas medidas de prevención y, en su caso, contención. En todos los procesos electorales y en las proyecciones de todos los candidatos está muy presente el día inmediatamente después, cuando ya sólo cuenta la realidad aritmética de los votos. Pero en la situación actual, lo que pueda suceder en Cataluña condicionará los resultados.