Una inapelable demanda social

Con su facundia habitual, la portavoz de Podemos en el Congreso, Irene Montero, ha despachado la polémica sobre la Prisión Permanente Revisable con la afirmación de que es «ineficaz» y la falacia de que «todos los expertos» así lo afirman. Por su parte, el PSOE y el PNV mantienen su convicción de que se trata de una pena que vulnera el espíritu y la letra de la Carta Magna y, en consecuencia, unirán sus votos, y los de Podemos, el próximo jueves para forzar su derogación, rechazando las enmiendas a la totalidad del Partido Popular y de Ciudadanos, formación esta última que ha cambiado de posición ante la evidencia de que existe un clamor popular en favor de una sanción penal que es sentida por la inmensa mayoría de la sociedad española como necesaria y pertinente en la defensa de la seguridad y la vida de los más débiles. No vamos a reiterar unos argumentos que ya fueron ampliamente expuestos cuando el Gobierno de Mariano Rajoy introdujo la Prisión Permanente en 2015, pero sí conviene reseñar, a efecto de las certezas de socialistas y nacionalistas vascos, que al adherirse España al Estatuto de la Corte Penal Internacional, hubo de admitirse la compatibilidad de este tipo de penas con nuestro ordenamiento legal, puesto que la citada Corte contempla en su panoplia de sanciones la cadena perpetua. Igualmente, las entregas a Italia, tras el correspondiente proceso de extradición, de algunos mafiosos condenados a perpetuidad por la Justicia italiana sólo han requerido la salvedad de que Roma se comprometiera a la revisión de la pena. Naturalmente, en relación con las dudas sobre las garantías jurídicas, hubiera sido deseable que el Tribunal Constitucional se hubiera pronunciado sobre el recurso que contra la Prisión Permanente presentó el PNV hace ya dos años y nueve meses. Pero no parece que nuestros magistrados estén muy presionados por un asunto trascendental que tanto preocupa a la opinión pública. De hecho, hasta mediados de abril no volverá a reunirse el pleno del Alto Tribunal, con lo que el procedimiento parlamentario de derogación se habrá iniciado sin contar con su dictamen. Sin embargo, no creemos que los problemas de constitucionalidad sean el verdadero motor de la actuación del nacionalismo vasco, una vez que nuestro Código Penal incluye una pena máxima de 40 años de cumplimiento, sin posibilidad de revisión y de redenciones, lo que en la práctica la convierte en una condena mucho más dura que la medida que pretenden derogar. En realidad, su actuación responde a intereses propios de los peneuvistas, que gobiernan sobre una sociedad que tiene sectores muy «sensibilizados» con la política penitenciaria. Menos justificación tiene la postura del PSOE, salvo, tal vez, la de escenificar la soledad parlamentaria del Gobierno en esta legislatura, si tenemos en cuenta que de-satiende a una demanda social muy mayoritaria, trasversal a las posiciones ideológicas y que no responde a la alarma causada por los últimos crímenes horrendos que se han sucedido en España, puesto que las encuestas vienen dando los mismos resultados año tras año. Así, en el último sondeo de «NC Report» para LA RAZÓN, elaborado antes de que se conociera la desaparición y posterior asesinato del pequeño Gabriel Cruz, el 69,7 por ciento de los encuestados se oponían a la derogación de la Prisión Permanente Revisable, porcentaje que subía al 73,4 por ciento entre los menores de 30 años, que es el sector de la población española más concienciada con los problemas de la seguridad ciudadana.