Pocas sorpresas cabía esperar de la comparecencia del presidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas, ante la comisión de investigación de fraude fiscal abierta por el Parlamento autónomo catalán, entre otras cuestiones, porque el formato elegido, que impedía repreguntar a los portavoces de la oposición, siempre favorece al compareciente. Mas se atuvo al guión y salvo algún pequeño desliz – «El presidente Jordi Pujol me dijo que estaba preocupado por algunas de las actividades de sus hijos»–, mantuvo la doctrina oficial del nacionalismo catalán de que las denunciadas corruptelas de la familia Pujol pertenecen al ámbito privado, y que en los 23 años de Gobierno de Jordi Pujol Soley la Generalitat de Cataluña estuvo al margen de cualquier actuación irregular. No sólo era la línea de defensa prevista, sino, ciertamente, la única posible para una persona cuya trayectoria política ha estado tan estrechamente ligada al ex presidente catalán, que la líder del PP, Alicia Sánchez-Camacho, le definió como «el octavo hijo» del clan. En efecto, tras trabajar en la Consejería de Comercio de la Generalitat desde 1982 a 1987 y pasar, luego, por el Ayuntamiento de Barcelona, Mas se reincorporó al Gobierno en 1995, y no en responsabilidades menores, sino en las consejerías que manejaban la mayor parte de los fondos públicos dedicados a la contratación exterior –fue consejero de Política Territorial y Obras Públicas, luego de Economía y Finanzas y, por último, consejero primero, ya como delfín expreso de Jordi Pujol–.Pese al desempeño de esos cargos públicos y pese a su estrecha relación política y personal con el ex presidente de la Generalitat y con varios de sus hijos, –hoy investigados en diversas causas relacionadas con la evasión fiscal, el tráfico de influencias y el cobro de comisiones–, Artur Mas pudo acogerse ayer a su pretendida ignorancia de lo que ocurría en su entorno más directo porque no se ha podido presentar prueba de cargo en contra. Lo que, inevitablemente, y ante la predecible inutilidad práctica de su comparecencia, nos lleva a la reflexión sobre la intencionalidad última del cambio de estrategia de ERC –su aliado en el proceso separatista y socio en el Parlament–, que le ha convertido, de esta forma, en el primer presidente catalán que responde ante una investigación parlamentaria sobre asuntos de corrupción. Intención que no es posible desvincular del cambio en las encuestas de opinión que, por primera vez desde que comenzó el proceso independentista, devolvían el primer puesto a CiU ante las elecciones autonómicas de finales de año. Ese cambio de tendencia en el voto, también muy vinculado al fracaso de la «ruta soberanista», explica que, ante la proverbial lentitud de nuestros tribunales, los republicanos hayan querido desgastar públicamente a Artur Mas.