Las excusas esgrimidas por la portavoz de la Generalitat de Cataluña, Neus Munté, para dejar desierto el concurso de adquisición de las 8.000 urnas que iban a utilizarse en el referéndum ilegal demuestran, una vez más, que la estrategia de contención llevada a cabo por el Gobierno de Mariano Rajoy está cumpliendo sus objetivos. Confrontados a la inexorabilidad de las leyes que protegen los derechos de los ciudadanos en un Estado democrático, los promotores del desafío separatista catalán han acabado por comprender que la vía de la desobediencia pública y del alarde insumiso sólo conduce al banquillo de los acusados y a la reprensión judicial. No en vano, la primera decisión que tomó ayer el Ejecutivo catalán tras anunciar la suspensión del concurso fue presentar el acta de la misma ante Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) para solicitar el archivo de las actuaciones que, a instancias de la Fiscalía, se siguen contra la consejera de Gobernación, Meritxell Borràs, por los supuestos delitos de desobediencia, prevaricación continuada y malversación de caudales públicos, precisamente, por haber convocado el concurso de adquisición que ahora queda desierto. Pese al enorme esfuerzo de propaganda de los medios nacionalistas, parece que la realidad de las inhabilitaciones por sentencia judicial del ex presidente de la Generalitat, Artur Mas; la ex consejera de Educación, Irene Rigau, y la ex vicepresidenta Joana Ortega, así como la pérdida del escaño en el Congreso del ex portavoz del PdeCAT, Francesc Homs, han hecho comprender a los responsables del proceso separatista las consecuencias de saltarse las leyes. Por supuesto, tanto el presidente catalán, Carles Puigdemont, como su portavoz, Neus Munté, insistían ayer en que se colocarán las urnas el próximo uno de octubre, aunque sin especificar qué subterfugio o puerta falsa piensan utilizar para eludir a los jueces. Sin embargo, lo que hoy nos importa es que los separatistas no van a poder servirse de las propias instituciones del Estado, como es la Generalitat, para atentar contra la Constitución. En este sentido, hay que destacar la reacción de los extremistas de la CUP, cuya perplejidad por la suspensión de la compra de las urnas sólo se explica desde el fingimiento. Porque la izquierda antisistema sabe que si el Gobierno de la Generalitat no lleva a cabo actos de rebeldía con efectos jurídicos positivos, el proceso se agotará en sí mismo. De ahí que busquen el enfrentamiento abierto con las instituciones del Estado, para provocar su reacción. Por ello, es preciso constatar que la convicción del presidente del Gobierno en que la fortaleza de la democracia española y su marco legal eran más que suficientes para superar el desafío soberanista se está revelando acertada y, al menos, merece un punto de confianza entre aquellos ciudadanos que, sin duda, alarmados por la actitud absolutamente reprochable de quienes en Cataluña están más obligados a hacer guardar las leyes y a cumplirlas, se han apresurado a pedir medidas excepcionales, como la aplicación del artículo 155 de la Constitución. No. Nuestro ordenamiento jurídico es más que suficiente, y cuando se ha revelado alguna disfunción, el propio Ejecutivo ha impulsado las reformas legales para subsanarla, como fue el caso de la ley del Tribunal Constitucional. Conviene, pues, perseverar en una política que no toma el todo por las partes y siempre ha tenido en cuenta los derechos y los intereses del conjunto de los catalanes y confiar en que el Estado cuenta con los instrumentos necesarios para defender la democracia y la soberanía de los españoles.