La coherencia exige el cese de Besteiro de todos sus cargos

No dejará de sorprender a la opinión pública que un político al que su partido considera inhabilitado para concurrir como candidato a unas elecciones pueda, sin embargo, seguir al frente de la organización, sin que ésta se vea empañada por unos comportamientos públicos bajo sospecha judicial. Nos referimos, por supuesto, al caso del secretario general de los socialistas gallegos, José Ramón Besteiro, que ayer anunció su renuncia a encabezar la candidatura del PSdeG para las próximas elecciones autonómicas, pero manteniendo su cargo orgánico en la formación regional. Si ya denota falta de respeto al reglamento interno del PSOE una dimisión a la candidatura de la Xunta de un militante que ni siquiera había sido elegido en primarias –como si éstas fueran un mero trámite y todo quedara a expensas del designio personal del secretario general del partido, Pedro Sánchez–, sólo la anómala situación de bicefalia en la que quedan los socialistas gallegos, en un delicado momento electoral, en el que las nuevas formaciones de izquierda amenazan con fagocitar al PSOE, aconsejarían el paso atrás de José Ramón Besteiro. Una decisión que se nos antoja más evidente ante su complejo horizonte penal con, por el momento, dos causas abiertas que suman acusaciones por diez delitos, entre ellos: cohecho, prevaricación, tráfico de influencias, fraude a las administraciones públicas, fraude de subvenciones, negociaciones prohibidas y delito continuado de malversación de caudales públicos. Sin duda, bastaría con que la dirección del PSOE y su Comité Federal se aplicaran en el mismo nivel de exigencia que demandan a los demás para reclamar al líder regional gallego la renuncia a todos sus cargos y su apartamiento de la política hasta que se resolvieran sus imputaciones. Porque, aunque se puede discutir hasta qué momento del proceso judicial debe regir la presunción de inocencia, la inflexibilidad de los socialistas ante cualquier denuncia de corrupción que afecte al Partido Popular, por peregrina que sea, no les deja otra salida. Otra cuestión, que no conviene pasar por alto por sus implicaciones para la estabilidad política de España, es que Pedro Sánchez, que ha sido el mayor valedor del dirigente gallego y se considera su amigo personal, haya decidido guardarse un as en la manga, en previsión de que un acuerdo de última hora con Podemos y los nacionalistas le eximieran de su pacto con Ciudadanos y, por lo tanto, de la obligatoriedad contractual de no llevar imputados en las listas electorales. Es decir, que una vez despejada la actual situación de «impasse» parlamentario, ya sea por la vía de una nueva convocatoria electoral o por su elección a la presidencia del Gobierno apoyado por la extrema izquierda, quedaría con las manos libres para recuperar a José Ramón Besteiro para la candidatura de la Xunta. Especulación que decaería por sí misma si el PSdeG fijara de una vez fecha para las elecciones primarias que, bajo excusas pueriles, han sido retrasadas por su actual secretario regional.

Queda, por otra parte, el análisis del comportamiento de Ciudadanos en todo este episodio, que no ha sido, ni mucho menos, tan firme y contundente como harían creer sus promesas. Sólo ante la segunda imputación judicial del candidato socialista se han alzado algunas voces en el partido que lidera Albert Rivera para reclamar su exclusión de las listas. Hasta entonces, el silencio parecía ser la norma.