El diálogo en Cataluña no puede saltarse la Ley

El portavoz de los separatistas en el Congreso, Francesc Homs, ha comentado esta semana que «la cuestión catalana no es resoluble sin pasar por las urnas», o, lo que es igual, sin el referéndum de independencia. Ésa ha sido la posición oficial e inamovible de la Administración secesionista en los últimos tiempos. La apelación al diálogo de la Generalitat ha sido, y, por lo visto, es, un trágala y, por tanto, falsa. No ha habido voluntad de hallar puntos de encuentro entre las dos partes cuando una de ellas lo ha planteado como el sometimiento a unas aspiraciones ilegales. Rajoy lo ha repetido una y mil veces, también en el debate de investidura: ni quiere ni puede apoyar la ruptura de España. Afortunadamente, hay un marco jurídico que lo impide, que además coincide con el deseo muy mayoritario de la ciudadanía, también de la catalana, a favor de la unidad de la nación, de la Constitución y del régimen de libertades que garantiza. El nuevo delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Milló, transmitió ayer a Carles Puigdemont la disposición absoluta del Ejecutivo al diálogo leal, pero siempre con respeto a la Constitución. En ese espacio se pueden abordar desde el sistema de financiación a los servicios sociales, pasando por mejorar el sistema educativo, el sanitario o las infraestructuras. El objetivo sólo puede ser construir una Cataluña mejor para los catalanes dentro de ese Estado de Derecho llamado España que todos nos hemos dado y del que disfrutamos. Puigdemont tiene la oportunidad de aceptar la mano tendida. Si no lo hace, como hasta ahora, tendrá que asumir las consecuencias de sus actos.