Contra el chantaje de la estiba

En diciembre de 2014, el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea impuso una multa a España por incumplir la normativa comunitaria en el sector de la carga y descarga en los puertos. Han tenido que pasar casi dos años y medio para que un Gobierno fuera capaz de sacar adelante la reforma exigida por Bruselas en el gremio que tiene en sus manos un sector estratégico tan importante como el transporte marítimo –canaliza el 86 por ciento de las exportaciones y el 60 por ciento de las importaciones del país–. Desde entonces, y precisamente por el incumplimiento del fallo europeo, nuestro país ha acumulado 25 millones de euros de sanción, que podría haber sido peor, pues la segunda multa, que ya estaba anunciada, ascendía a 134.000 euros diarios. Pero no será así. El Congreso aprobó ayer el real decreto ley de reforma de la estiba gracias al apoyo del PP, Cs y PNV, entre otros, y a la abstención del PDeCAT en este segundo intento después de que un proyecto similar fuera rechazado por la Cámara hace dos meses. La izquierda mantuvo la negativa propia del carácter antisistema y sectario de Podemos –reflejado en la intolerable bronca en que convirtió el pleno con la complicidad de una representación de estibadores invitados en la tribuna de oradores que provocaron una escandalera antes de abandonar el hemiciclo–, pero incomprensible por razones que no sean de pose y puro tacticismo político en el PSOE, que limitó sus argumentos a que no se garantizaban los puestos de trabajo. En realidad, a los socialistas les faltó coraje para alinearse en el lado de la razón, la sensatez y la necesidad que representaba el proyecto aprobado ayer y su desarrollo reglamentario que le seguirá después mediante otro real decreto. El texto, refrendado por el Congreso, no sólo nos homologa con Europa y nos libra de acumular millones y millones de multa a pagar por todos los españoles, sino que liberaliza y rompe el monopolio que de facto marca la prestación de este servicio portuario en manos de un colectivo privilegiado de 6.156 trabajadores, cuyos sueldos rondan los 60.000 euros anuales, que puede decidir quién trabaja y quién no en esas instalaciones. La nueva regulación implica una mejora de la productividad y de la competitividad, además de generar seguridad jurídica en los puertos y en sus inversiones. Frente a una reforma inevitable tras la sentencia europea, y por lo demás necesaria e incluso saludable, los estibadores reaccionaron con una suerte de declaración de guerra y un calendario de ocho jornadas de huelga, pero también con su voluntad de negociar y alcanzar acuerdos con la patronal que se puedan plasmar en el nuevo decreto que abordará el desarrollo reglamentario de la reforma. Más allá de defender unos imposibles privilegios extemporáneos, los estibadores saben que no hay razones para los paros. Conocen que el Gobierno ha dispuesto medidas de garantía del empleo, además de que ha previsto que la subrogación de los actuales trabajadores quede en manos de un convenio de ámbito estatal, subsidios relevantes a los de mayor edad que voluntariamente rescindan su contrato, ayudas públicas de 120 millones de euros para la reconversión del sector y, en definitiva, los puntos comprometidos por las partes en las negociaciones de febrero y marzo, así como el acuerdo de mediación propuesto por el presidente del CES, Marcos Peña. Alimentar una dinámica de enfrentamiento en el sector portuario supondrá un grave quebranto para el interés general y para todos los colectivos afectados. Los puertos necesitan estabilidad y trabajo, y que los estibadores entiendan que sus particulares regalías eran impropias del siglo XXI. Europa demanda libertad con toda justicia y razón. Ojalá se asuma.