Es un dato no muy conocido, pero en el curso de los últimos años, el sector del cava ha experimentado una revolución en Extremadura. Los datos al respecto son impresionantes. En 2004, producía algo más de 75.000 botellas por temporada; diez años después, rozó los tres millones y este año se acercará a los seis. Este avance admirable se ha producido por añadidura con un aumento muy modesto de la superficie cultivada. De hecho, en Extremadura se ha pasado de 400 hectáreas en 2014 a 1.400 en 2017, lo que significa que esta región que padece graves problemas económicos da magníficos resultados con menos del cinco por ciento del territorio dedicado al cava, de cuyas 35.000 hectáreas totales, más del 95% se encuentran en suelo catalán. Todos deberíamos sentirnos más que orgullosos por un ejemplo de productividad y progreso tan colosal como el protagonizado por el cava extremeño. Sin embargo, en eso como en otras cosas, Spain is different. Este avance que beneficia a Extremadura y al conjunto de España ha provocado la cólera de los productores catalanes que, con alguna excepción, son claros partidarios del nacionalismo cuando no del independentismo más desorejado. No sorprende que el consejo regulador del cava, controlado por los empresarios catalanes, pidiera al Ministerio de Agricultura que frenase el desarrollo del sector en Extremadura. No sorprende, repito, pero sí indigna que la respuesta del Ministerio de Agricultura haya sido doblegarse ante esas exigencias injustas y denegar la autorización de nuevas hectáreas para el cultivo del cava en Extremadura para los años 2018, 2019 y 2020. Esta concesión del Ministerio a una oligarquía del cava de poco recomendables inclinaciones ideológicas es inaceptable. La entrada en la Unión Europea debería haber significado el final de una política de proteccionismo hacia los productos catalanes que, históricamente, se tradujo en la ruina de sectores productivos del resto de España. Desde el siglo XVIII no se aspiraba a competir, sino a partirle las piernas al competidor, y así se hizo con Valencia, Galicia o Andalucía no pocas veces en comandita con los grupos de presión vascos. Desaparecida esa política por la ausencia de fronteras en la Unión Europea, su perpetuación con la ayuda del Gobierno central es un anacronismo bochornoso. Permítase a Extremadura – y, de paso, a Valencia– competir honradamente con el cava catalán y que decidan los consumidores.