El compromiso de dimitir en caso de ser imputado fue quizá el error principal del presidente de la Región de Murcia, Pedro Antonio Sánchez. Un error que, conociéndole, estuvo provocado por la convicción en su inocencia. Lo cierto es que esa palabra dada se ha erigido en la guadaña más afilada para sus adversarios, quienes vieron en ella una de las grandes bazas para exigir y conseguir su cabeza. La otra, la del juez Eloy Velasco, que con su imputación, poco comprensible para la lógica, culminó el trabajo de los partidos de la oposición al PP.

Digo esto porque la decisión final sobre la condición de investigado no ha sido adoptada al día de hoy por el Tribunal Superior de Justicia de Murcia, instancia competente debido a la condición de aforado del ya ex presidente. Ítem más, tanto los Estatutos del PP como la proposición de ley sobre la retirada de los políticos por causas judiciales presentada por Ciudadanos, verdugo de Sánchez, formulan la apertura de juicio oral, no la imputación, como argumento para la dimisión. Para mayor escarnio, PAS no ha contado con la presunción de inocencia, circunstancia que viene siendo habitual para los políticos, ni siquiera con la normal asistencia de la audiencia, ya que se le ha fulminado sin que tuviera la oportunidad de explicarse ante el Tribunal Superior de Justicia de su región. Dos derechos consagrados en los derechos fundamentales españoles e internacionales.

Vistos los acontecimientos, muchos ciudadanos, quizá la mayoría, se preguntan si para este final era necesario el tormento personal, social, político y mediático padecido. Yo no tengo la respuesta. Tan sólo se me ocurre lo de siempre: así es la vida.