La decisión del Gobierno de limitar los pagos en efectivo es, se ponga como se ponga Montoro, un atentado al derecho que tenemos cualquier ciudadano a hacer con el dinero que ganamos honradamente lo que nos dé la gana. La medida parte del supuesto de que cualquiera que prefiera pagar más de mil euros al contado es potencialmente un defraudador que se va a pasar sus obligaciones con la Hacienda pública por el forro, lo que ya es de por sí un insulto; obliga a todo bicho viviente no sólo a tener una cuenta en un banco, sino a pagarle religiosamente a dicha entidad una cantidad anual por tener una tarjeta de crédito o de débito con la que poder efectuar los pagos o, en su defecto, a abonar la cantidad que cada entidad de crédito estipule por hacer una transferencia, y obliga, asimismo, a todos los comercios, lo quieran o no, a tener que aceptar pagos con tarjeta, o lo que es lo mismo, a contratar una terminal de cobro electrónico y a apoquinar una comisión por cada operación que realicen que, según la normativa vigente, es de un 0,2% para los cobros con tarjetas de débito y 0,3% para los que se realicen con las de crédito.

Resumiendo: que estamos ante una medida que además de impedirnos tener, si así lo consideramos oportuno, nuestro dinero debajo del colchón, detrás de un ladrillo, en una hucha de cerdito o dentro de una caja fuerte, que son elecciones por las que, en principio, cualquiera deberíamos poder optar en el ejercicio de nuestra libertad, a las únicas que de entrada beneficia claramente es a las entidades bancarias que se van a poner más moradas todavía de lo que ya venía siendo habitual de cobrar comisiones, y que deben de estar haciéndole, más que la ola, todo un tsunami al ministro.