Las comisiones parlamentarias de investigación, al menos en España, no han servido nunca para nada. Llevamos muchas, a lo largo de muchos años, y siempre acaban igual: con similar reparto de premios a los participantes, es decir un puro ventilador de basura en movimiento, y ninguna condena política. Así han sido las cosas.

Pues bien, mañana martes el presidente del Senado, Pío García Escudero, pondrá en marcha una comisión de investigación sobre la financiación de todos los partidos que se aprobó hace unos días. La razón de esta comisión no es otra que contrarrestar en la Cámara Alta, donde tiene mayoría absoluta el PP, la que se puso en marcha en el Congreso y que según Fernando Martínez Maíllo, es una «causa general contra el PP».

Naturalmente, toda la oposición ha calificado de «farsa» la comisión del Senado pero en el PP argumentan que si Rajoy va a tener que explicar la caja b de su partido en el Congreso, otro tanto deberían hacer los líderes del PSOE, Podemos y Ciudadanos en el Senado. Pedro Sánchez, Pablo Iglesias o Albert Rivera tendrán por tanto que explicar allí la financiación de sus formaciones. Un ajuste de cuentas que, sin embargo, esconde algo más importante.

Uno de los grandes misterios de la democracia española siempre ha sido siempre la financiación del los partidos políticos. En las causas jurídicas abiertas contra el PP –Púnica, Lezo, Bárcenas...– y en las que han tenido que ver con el PSOE siempre aparecía –al margen del robo de unos y otros– el dinero que, supuestamente, daban a sus partidos. No les voy a recordar el 3% de la antigua Convergencia ni otros saqueos como el del Palau que los jueces con bastante retraso han condenado sin que por cierto, haya aparecido un solo duro de lo que se llevaron.

Les sorprendería saber que existe una norma, la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, que regula la financiación de los partidos políticos, norma que, como se imaginarán, es sorteada de forma tan imaginativa como ilegal. Básicamente los partidos españoles se financian de cinco maneras: mediante el dinero que reciben del Estado en función de los escaños y votos obtenidos; por donaciones; por las cuotas de sus afiliados; gracias a los créditos de los bancos y, últimamente –Podemos lo puso en marcha– mediante préstamos de los simpatizantes sin interés que son devueltos al cobrar el dinero que les asigna el Estado. Recientemente, Pedro Sánchez puso en marcha en las primarias del PSOE un sistema parecido hasta que, desde su propio partido, le tuvieron que llamar al orden porque aquel sistema lo prohibía la ley. Esto es lo último, pero la historia es mucho más rica en matices.

Supimos, por ejemplo, que al PSOE tres grandes bancos españoles le perdonan 36,5 millones de euros que les debía. Sabemos que las donaciones anónimas están prohibidas, pero solamente desde 2007. Sabemos también que, las que no lo son, no las hace públicas el Tribunal de Cuentas; y que esas donaciones a los partidos no pueden superar los 100.000 euros al año por empresa. Pero también hemos sabido que los propios partidos han utilizado sus fundaciones para recoger dinero, y con frecuencia también dinero de procedencia nada dudosa: pura negritud.

Por eso, ante todo este panorama, y algunos otros que pueden dejar grandes titulares como los que se refieren al dinero llegado a Podemos desde Venezuela o Irán, las dos comisiones van a ser lo que pretenden: un ajuste de cuentas donde la mierda salpicará todos. Más desprestigio para el Sistema. Personalmente, me fío más de los jueces. Y más si fueran más rápidos. Lo veremos.