Hoy Ciudadanos presentará su anunciada propuesta para promover la limitación de mandatos a los presidentes del Gobierno, una de las «panaceas» barajadas por el partido de Albert Rivera en su estrategia de monopolizar la bandera de la regeneración democrática y que no dudó en recuperar en el innecesario, redundante e inoportuno pleno extraordinario de esta semana pasada a vueltas con la «Gurtel». Rivera, que es un joven político con buena pituitaria para los vientos de la demoscopia, sabe que propuestas de este calado –poner límite a quienes permanezcan demasiado tiempo en el poder aun sin entrar en detalles–, siempre son bien acogidas por el ciudadano de a pie cuando se le pregunta en una encuesta y con independencia de que se entre o no en pormenores y consecuencias.

Y como la propuesta no es nada menor, me atreveré a formular algunos enunciados en forma de preguntas a propósito de su conveniencia y oportunidad. Sobre todo porque hablamos de un nuevo frente que casi con toda seguridad abriría el melón de la reforma constitucional en un país cuya Carta Magna es clara a propósito de que todo español mayor de 18 años puede optar a la presidencia del Gobierno.

La primera e inevitable pregunta bien podría ser si se puede coartar la libertad de un colectivo como es la militancia de cualquier formación política para proponer al frente de sus listas a quien consideren conveniente. Una segunda sería hasta qué punto se tiene en cuenta la prerrogativa de los electores para castigar o premiar la gestión de un gobierno, encarnada inevitablemente en la figura de su presidente. Si lo hace mal, sencillamente se le echa con la fuerza de las urnas y sin necesidad de corsés o límites legales. Un tercer interrogante nos sitúa en la tesitura de explicar porqué necesariamente han de ser más democráticos estados con limitación de mandatos. Una mayoría de democracias parlamentarias ignoran esta norma que rige en Estados Unidos pero también en estados latinoamericanos no precisamente veteranos en el régimen de libertades. Me pregunto en cuarto lugar sobre la eventualidad de mandar a su casa o al cementerio político de elefantes a posibles jóvenes presidentes como el propio Rivera en plenitud de experiencia y facultades, solo porque toca. Añado una quinta pregunta a propósito de si se ha ponderado el inconveniente del llamado «pato cojo», ese segundo y último mandato en el que suelen decrecer por despedida y derribo las expectativas de futuro y ya por completar la media docena de interrogantes sería bueno saber qué opinan los promotores de la medida sobre el riesgo de un crecimiento exponencial del «clientelismo de última hora», por no añadir si, puestos a presuponer la relación entre mandatos dilatados y corrupción, no serían también susceptibles de limitación otros cargos, parlamentarios, concejales o sobre todo alcaldes. Limitar mandatos no deja de ser una muy respetable propuesta pero dudosa panacea en pos de la regeneración democrática y nos trae a colación una última pregunta: ¿estaríamos hoy hablando de esta medida de no ser un tal Rajoy el inquilino de la Moncloa?