Justicia no es linchamiento

La mayoría de los servicios públicos que se prestan en España, como la justicia, la sanidad, el transporte y tantos otros son infravalorados, y hasta despreciados habitualmente por algunos. Por supuesto tienen déficits y hay que mejorarlos, pero son de calidad y están en un nivel muy alto.

Durante la instrucción del «caso Nóos» hubo muchas personas que pronosticaban que la Infanta Cristina no se sentaría en el banquillo porque, según decían, la justicia no es igual para todos; también manifestaban que no habría condena para Iñaki Urdangarín. Ahora opinan que la sentencia es benévola y que seis años de prisión es muy poco, sin esperar a que el Tribunal Supremo resuelva los recursos de casación que se presenten. Además, no es aceptable comparar, como se está haciendo, las penas de esta sentencia con otras que se han impuesto en ocasiones por pequeños delitos, como el robo de una bicicleta –que fueron noticia precisamente por su excepcionalidad–; obviando explicar que si fue robo, y no hurto, es porque se produjo con fuerza en las cosas o violencia en las personas; sin detallar las circunstancias de esas condenas, si hubo agravantes y si existían antecedentes penales. En todo caso, aunque pueda haber algunas sentencias, entre las miles que se dictan, en la que se hayan impuesto excesivas penas –que sin duda las hay–, no justifica desprestigiar de la forma que se está haciendo a la Administración de Justicia en España.

En un Estado de Derecho se puede discrepar de cualquier sentencia, pero hay que acatarla y no extender ese desacuerdo a todo el sistema judicial, ni hacer demagogia para indignar a los ciudadanos, como tantas veces se ha hecho, diciendo que en España los poderosos, los políticos o los empresarios no entran en la cárcel, porque ya nadie cree esa patraña, después de haber visto en prisión a ex ministros, ex consejeros de gobiernos autonómicos, alcaldes, banqueros, o al presidente de los empresarios. Los 65 acusados del caso de las tarjetas «black» han sido condenados a diferentes penas. Todavía la sentencia no es firme, pero el linchamiento se lleva realizando desde hace mucho tiempo. Los que «tiran las piedras» deberían pensar si ellos también habrían utilizado esa tarjeta, si hubieran estado en la misma situación –yo lo habría hecho–; y me refiero a utilizarla para pagar gastos de representación, no para otros que no tienen justificación, como tampoco la tiene que entre las muchas razones para criticar y rechazar las ideas y actuaciones políticas del senador de Podemos Ramón Espinar se incluya lo que haya hecho o dejado de hacer su padre para recriminárselo a él. Creo en la honradez de algunos de los condenados en esta primera instancia, entre los que incluyo a Espinar Gallego, pero aunque no fueran honrados, es impresentable extender la responsabilidad y el reproche a los hijos por los delitos que pueda cometer cualquiera, sea compañero de partido o adversario, sea quien sea.

Se quiere sustituir la imprescindible presunción de inocencia por la inadmisible presunción de culpabilidad; y se conseguirá si se impone que un político tenga que dimitir si se le investiga, incluso antes de comparecer ante el juez, o el órgano judicial competente, para declarar y contestar a las preguntas que se le formulen, como está ocurriendo con el presidente de Murcia. Cualquier político puede ser investigado y, como todos los ciudadanos, es inocente hasta que una sentencia firme diga lo contrario. Cuando alguien es investigado y se exige su dimisión sin dejarle defenderse es un linchamiento político. Y eso no es justicia.