Los gobiernos pueden albergar y albergan impulsos contradictorios. Como en el cuento de Borges, pueden ser a la vez traidores y héroes, y la confusión sobre su papel genuino puede ser perdurable.

Pensemos en nuestro país: ¿fue Felipe González socialista o liberal? La respuesta es: fue las dos cosas. Privatizó empresas públicas como nadie, pero también expandió considerablemente el gasto público redistributivo y machacó a los contribuyentes con subidas de impuestos. La única forma de entender esta conducta es perder la inocencia en el análisis de la economía política: los gobiernos no tienen como prioridad el bienestar general ni cumplir con los deseos de los ciudadanos. Su objetivo primordial son ellos mismos, es decir, maximizar su poder sobre la base de conseguir que el balance de costes y beneficios políticos les resulte positivo.

Eso explica que un mismo gobernante pueda privatizar el INI, y ganarse sonoras broncas del viejo Nicolás Redondo en la calle, y al mismo tiempo extender la coacción del Estado del bienestar. Esto último le compensó el coste político que tuvo que pagar por enfrentarse al «sindicato hermano», la UGT. Nunca ha habido una huelga general con un seguimiento tan masivo como la del 14 de diciembre de 1988 contra un presidente socialista. Pero había ganado las elecciones en 1982 y 1986, y las volvería a ganar en 1989 y 1993. No es que Felipe González amara la libertad: es que se dio cuenta de que la legitimidad de las empresas públicas había bajado.

También se puede ser liberal y dejar de serlo cuando el coste político de ser liberal aumenta. Eso fue lo que le sucedió a González en 1993, porque no ganó con mayoría absoluta y necesitó el apoyo de los nacionalistas catalanes. Fieles a sus hondas convicciones antiliberales, Jordi Pujol y sus secuaces exigieron la eliminación de la libertad de horarios comerciales, aprobada en 1985 gracias a los amplios horizontes de Miguel Boyer (que, a su vez, también tenía manchas antiliberales, como Rumasa). González calculó costes y beneficios, comprendió que sin el respaldo del «muy honorable» Pujol no continuaría en La Moncloa y... adiós a la libertad de horarios. Así se escribe la historia, y no sólo en España. Thaya Brook Knight, en un estudio del Cato Institute de mayo de este año, señaló un punto liberal de Barack Obama, que impulsó la JOBS Act, o Jumpstart Our Business Startups Act de 2012, que promovió las pequeñas empresas sobre la base de la desregulación.

Y en su reciente libro, «JFK and the Reagan Revolution», Lawrence Kudlow y Brian Domitrovic sugieren que la famosa liberalización de Reagan (que también tuvo matices y contradicciones) fue anticipada por John Fitzgerald Kennedy, considerado habitualmente un antiliberal. Kennedy reunió a sus asesores keynesianos, lumbreras como Samuelson, Solow, y Tobin, que obtendrían el Premio Nobel de Economía. Lógicamente, le recomendaron más gasto y más impuestos. Pero no les hizo ni caso, bajó los impuestos y, lógicamente, contribuyó a la expansión de la economía.