En España no hay impunidad para la corrupción ni para ningún delito, y como en todos los Estados de Derecho corresponde a los Tribunales de Justicia la imposición de las penas correspondientes. Nunca se ha luchado más contra la corrupción que con los gobiernos presididos por Mariano Rajoy, que han adoptado múltiples medidas e impulsado modificaciones legislativas para perseguirla e intentar que no se vuelva a producir.

Las comisiones de investigación deberían ser instrumentos de control democrático sobre cualquier asunto de interés público, sin efectos legales, pero se han convertido en espectáculos más propios de la Inquisición, que tienen como objetivo desgastar, cuando no difamar, al adversario y conseguir protagonismo de los inquisidores en los medios de comunicación. Se constituyen comisiones de investigación que son causas generales contra el PP. En el Ayuntamiento de Madrid y en la Asamblea de Madrid se han creado comisiones que «investigan» hechos ocurridos hace más de diez años, en las que Ciudadanos, Podemos y el PSOE ya tenían sus conclusiones por anticipado y las han expuesto reiteradamente en los medios de comunicación. No tienen ningún interés en oír a los comparecientes, lo que les importa es hacer discursos demagógicos, inadmisibles y falsos, identificando PP con corrupción; pero aunque lo repitan mil veces, como hacía el nazi Goebbels, no se convertirá en verdad y seguirá siendo una gran mentira.

Albert Rivera tiene la desfachatez de exigir el cese de cualquier cargo público que sea investigado en un procedimiento penal, incluso sin que ni siquiera haya comparecido ante el juez instructor para dar explicaciones; y al mismo tiempo promover la constitución de comisiones de investigación para pedir responsabilidades políticas a quien ya se le han exigido con anterioridad a cualquier investigación judicial o política, imponiéndole una pena «preventiva». PSOE, Ciudadanos y Podemos han registrado una iniciativa para poner en marcha una comisión de investigación en el Congreso sobre «la presunta financiación irregular del PP», aunque el señor Rivera lo anticipaba en el Pleno hablando de «la caja b del Partido Popular», asunto sobre el que ya hay procedimientos abiertos en la Administración de Justicia, pero han sido tantas veces las que representantes de esos tres partidos han afirmado que el PP se ha financiado ilegalmente que es absurdo aparentar que una comisión va a investigar, porque ya tienen decididas y han proclamado «urbi et orbi» las conclusiones a las que van a llegar.

Los que son tan miserables de generalizar la corrupción a todo el PP han conseguido, y lo tienen que asumir y no protestar, que la gente diga que todos los políticos son iguales, todos corruptos. Iglesias y Rivera tendrán que aguantar, aceptarlo y no pedir que se hagan distinciones cuando en la calle les llamen corruptos, porque les estarán haciendo lo mismo que ellos hacen con otros.

Si los políticos demagogos, que actúan como Torquemada, siguen mirando sólo para atrás, se pueden convertir en estatuas de sal, como les ha dicho Rajoy. Y esas estatuas se deshacen pronto.