Encajar a Cataluña en la reforma

El Gobierno parece dispuesto a evitar el referéndum en Cataluña y ha comprado a la vice un bonotrén en el AVE que incluye despacho y agenda en Barcelona. Pero el problema no es Soraya Sáenz de Santamaría ni el AVE ni darles todo lo que piden desde el Parlament. El problema de Cataluña son sus partidos políticos.

Hubo un tiempo en el que pensé que el problema eran los propios catalanes con sus invenciones históricas, reivindicaciones económicas y medios de comunicación subvencionados. Todo aquella conjunción planetaria –Leyre Pajín dixit– había generado un magma que había llevado al socialismo y al nacionalismo burgués a defender la independencia como si no hubiera alternativa a los agravios históricos de un pueblo. Algo que ya conocía del País Vasco, pero con unos partidos más a la izquierda de lo que hay en el Parlamento de Euskadi.

El caso es que la vice no para. Ahora intenta encajar Cataluña en una hipotética reforma constitucional, y habla con la Generalitat y los partidos para ver cómo conseguirlo. Sabe –y en Cataluña también– que casi todo es un problema de pasta. Así se ha solucionado el autogobierno en el País Vasco y Cataluña no tiene por qué ser menos. Pero eso es un parche. La voracidad reivindicativa no conoce fin, por lo menos de momento. Y una reforma constitucional seria lo único que podría establecer es precisamente un límite a esa reivindicación para que la solidaridad entre las comunidades autónomas no sea lo que ya es: un elenco de diferencias que van desde los sueldos de los funcionarios a las subvenciones o al cumplimiento del déficit.

Por eso, los independentistas no quieren ninguna reforma constitucional. Como tampoco cláusulas adicionales que digan que son una nación, nacionalidad o un quasi estado en vías de despegue. Lo que de verdad quieren es la Administración de Justicia, la Hacienda y la Seguridad Social. Pero es que han sido tales los desmanes en el gasto público, en la corrupción administrativa, y en la gestión de lo ordinario que darles eso sería como poner a la zorra a vigilar el gallinero. Y eso no se puede hacer hoy por hoy.

La reforma constitucional, que sólo podría hacerse si hubiera consenso, necesita como cuestión previa precisamente eso: un acuerdo político. No se puede abordar ninguna modificación de la Carta Magna sin un pacto de los partidos. De la misma forma que el Gobierno español tampoco puede pactar nada con Cataluña sin ese consenso. No se puede negociar con los que ponen muertos en una negociación, pero tampoco con los que amenazan con referéndums y plebiscitos unilaterales o desobediencia a las instituciones y a los jueces.

Por eso el problema de Cataluña son hoy los partidos políticos que defienden esa estrategia. Plantean desafíos y cuando esa ilegalidad es condenada por la Justicia señalan esa condena como una nueva afrenta. Claro que luego siempre hay algún bien pensante en el otro bando que dice que no se puede judicializar la vida pública, como si los que judiacilizan fueran los jueces con sus sentencias y no los que las provocan.

Por eso, la alternativa de este Gobierno no puede ser otra que ofrecer salidas políticas a situaciones concretas y apoyar el mal menor. Y el mal menor es dar tiempo a que estos partidos reflexionen y cambien de estrategia. Si lo ha hecho el PNV, no veo por qué no lo puede hacer Convergència o como se llame ahora. Se trata de hallar un consenso mínimo. También de tiempos. Parece poco, pero, de momento, ya es mucho.