El asunto este del Concierto Económico vasco, y del Cupo que lleva asociado, produce desconcierto entre los políticos que quisieran tener más y no pueden, y los que se lo han encontrado con el pie cambiado. Entre los primeros, podrían citarse varios presidentes autonómicos –tanto del PP como del PSOE– a los que, viendo las cifras que ha pactado Rajoy con Ortuzar, les ha entrado una congoja mezclada con indignación muy difícil de asumir porque, frente a los vascos, se ven como el hermano pobre de la familia. Dejémosles con su frustración, pues llegado el caso sus partidos votarán unánimemente el Cupo y, seguramente, nos volverán a contar eso de que este tema es tan algebraicamente complicado que sólo unos pocos expertos del Ministerio de Hacienda y del Gobierno Vasco –precisamente los que habrán redactado la correspondiente ley– lo entienden.

Y luego están los segundos. Los que se las prometían victoriosas al presentarse como los artífices del consenso presupuestario y le habían arrancado a Montoro un poco más de cuatro mil millones para hacer verdadera política social y «ayudar a la clase media trabajadora». Ahora se encuentran con que el PNV les ha comido la tostada, se ha llevado muchos más millones y ha firmado un pacto de caballeros sin la menor estridencia, como corresponde a los más señoriales de entre los españoles –a los que, como explicaría Julio Caro Baroja, se hacen más valer porque quien no vale más que los otros, nada vale–. Me refiero, naturalmente, a Ciudadanos. Su desconcierto ha adquirido dimensiones antológicas, no sólo porque, de repente, algunos de sus segundones se han caído del guindo, sino porque sus máximos dirigentes apenas balbucean ante una situación como ésta que no sólo desconocen sino que ni siquiera habían previsto. Rivera ha anunciado que la ley del Cupo será rechazada por su partido, aunque Arrimadas ha puntualizado que «el Cupo ... es constitucional, ... pero si cuando toque aprobarlo... vemos que se ha hecho mal el cálculo y es un agravio para el resto de España, votaremos en contra».

Parece razonable esta matización de la número dos de Ciudadanos, aunque si estuviera leída en el tema sabría que sus condicionantes son inevitables. Como detenidamente estudió el que fuera catedrático de Historia del Derecho Español, Gonzalo Martínez Díez, en las cinco ocasiones en las que, antes de la Guerra Civil, se reguló el Cupo vasco, su infravaloración osciló entre el 54 y el 66 por ciento. Después de la contienda, Franco consiguió que Álava –la provincia no declarada traidora– pagara el 83 por ciento de lo que correspondía, aunque esta proporción fue bajando hasta quedarse en el 16 por ciento en 1976, ya muerto el dictador. Después vendría lo que tenemos ahora. Y lo que sabemos es que el último Cupo vasco se minusvaloró en un 74 por ciento. Con estos precedentes, tanta puntualización parece innecesaria, aunque me temo que habrá más verbosidad cuando Ciudadanos vea que se queda solo en su rechazo parlamentario.