La elección de España como miembro del Consejo de Derechos Humanos para el trienio 2018-2020 no sólo sitúa a nuestro país en la cúspide de la estructura institucional universal en materia de derechos humanos sino que, además, supone el reconocimiento de que el estado español está en el núcleo duro de quienes reconocen y protegen los derechos fundamentales. Por lo menos, España participa de los sistemas más avanzados que existen en el planeta para la defensa de los derechos humanos y quienes residen en España tienen la posibilidad de acudir a los mecanismos más evolucionados de protección jurídica de los derechos humanos. Siempre hay muchas cosas que hacer y se debe avanzar decididamente en el respeto de los derechos humanos y también siempre hay que estar muy atentos frente a eventuales violaciones de estos derechos. Pero contar con mecanismos de garantía y sistemas de protección que, al tiempo que prevengan las violaciones de los derechos humanos, impongan sanciones en el caso de que dichas violaciones se produzcan, supone estar en el mejor camino para defender lo que resulta más relevante en la sociedad internacional: la dignidad del ser humano y la defensa de sus derechos fundamentales. La comunidad internacional ha apostado por España en este ámbito y el importante número de votos que ha obtenido nuestro país en la Asamblea General de las Naciones Unidas así lo demuestra. Las tareas en materia de derechos humanos son inacabables y siempre corresponde instaurar nuevos mecanismos que aseguren su defensa y protección. La pertenencia de España a esta Consejo nos hace ver que hemos apostado, desde hace tiempo, por la universalidad de los derechos humanos pero también por su efectividad. Con seguridad, España se encuentra entre los estados del planeta que han decidido considerar que la democracia y los derechos humanos no sólo son realidades estrechamente vinculadas entre sí sino que, también, son esenciales para asegurar la convivencia internacional y defender al ser humano.