La investigación judicial que afecta al actual fiscal general del Estado está provocando un muy grave daño reputacional a la prestigiosa institución que encabeza, que precisamente tiene como misión «promover la acción de la Justicia en defensa de la legalidad». Las propias asociaciones profesionales tanto la «conservadora» como la «progresista» han solicitado por ello su dimisión o cese. Su situación personal, que se agrava conforme pasan los días y avanza la investigación del Juez instructor de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, exige que dimita por el bien de la Fiscalía o que sea cesado por el Gobierno que le nombró. Por el contrario, Sánchez y sus corifeos para la ocasión encabezados por su «triministro de Estado» y que asume Justicia, se dedican a reiterar que cuenta con la absoluta confianza gubernamental y que todo son «bulos de la fachosfera». El propio Sánchez se atrevió a decir en una comparecencia pública el pasado 19 de diciembre, «que había que pedirle perdón ante lo infundado de las acusaciones dirigidas contra él». Sin duda una ejemplar actuación por parte de quien accedió a La Moncloa –tras dos estrepitosas derrotas (89 y 84 diputados en seis meses)– precisamente «para luchar contra la corrupción», y que se encuentra cercado de presuntos casos de ese tipo que afectan a su núcleo familiar y político. Es este hecho en especial el que comienza a provocar que se instale en diversos ámbitos la opinión pública, y publicada, que Álvaro García Ortiz no dimite porque actúa como cortafuegos para que el conjunto de esos casos no afecte directa y personalmente al inquilino de La Moncloa y muñidor del sanchismo: es decir, que no dimitiría porque no le deja Sánchez. Es esta una forma de ejercer la política bajo el superior y único principio de acceder y permanecer en el poder por encima de cualquier otro valor ético y moral. El daño reputacional se extiende también a otra relevante institución pública como la Abogacía del Estado, que está actuando en estos procedimientos como la abogacía particular del señor Sánchez, quien pese a su acreditado deseo de emular al «Rey Sol» no consta que –como él– personifique al «Estado», al menos de momento, por cuanto su okupación de las instituciones que –en una democracia parlamentaria organizada como un Estado de derecho– actúan de contrapeso y controles al poder ejecutivo, es más propia de una autocracia que de una democracia europea. Es un ejemplo de esto el caso del Centro de Investigaciones Sociológicas, CIS, cuyas series históricas estadísticas de encuestas durante decenas de años han sido una referencia de autoridad en la materia. Hasta convertirse en el Cistezanos al servicio de Ferraz.